El ERE del Santander afectará a 4.000 trabajadores en toda España

Estas son las cifras que la entidad presidida por Ana Botín ha puesto en la mesa de la negociación con los sindicatos para hacer frente a la crisis económica y al auge de un modelo digital que la pandemia ha acelerado. De aplicarse todas esas medidas, la plantilla del Santander en España se vería reducida un 15%, de las 27.000 personas con las que contaba trabajando hasta finales de septiembre, según fuentes cercanas de la negociación. Tras las reuniones previas, entidad y sindicatos se han emplazado a la semana que viene para iniciar el periodo legal de negociaciones del ERE, que durará 30 días.

En el caso del millar de recolocaciones, fuentes de la negociación apuntan que tendrían carácter obligatorio, aunque a la vez se les mantendría la antigüedad, con un convenio de empresa distinto, el mismo salario y beneficios sociales como el plan de pensiones. Una parte de esos trabajadores irían destinados a Santander Personal, el servicio de atención personalizada al cliente por canales remotos.

Al mismo tiempo, el banco ha planteado a los sindicatos la necesidad de cierre de entre 900 y 1.000 oficinas durante este proceso, que se espera concluir en 2021. Supondría prácticamente la desaparición de una de cada tres sucursales, de las 3.110 que mantiene ahora abiertas en España. La previsión es que en el plazo de dos años las transacciones en oficinas se reduzcan a la mitad, de acuerdo con los datos compartidos con los sindicatos. Y que el uso de los canales virtuales se multiplique en dos o tres años. La entidad argumenta que en la actualidad ya casi la mitad de las ventas se realizan por canales 'online', una tendencia que el coronavirus ha incrementado ante las medidas de confinamiento y de restricción de movilidad.

Además de las medidas de flexibilidad interna, el banco ha ofrecido a los sindicatos un plan de recolocación encargado a la consultora Lee Hecht Harrison que garantizará un nuevo empleo fuera del grupo a todo aquel que se acoja al ERE y quiera seguir trabajando. Se trata de la misma agencia que en los dos ERE anteriores distribuía al 100% de las personas afectadas que quisieron seguir trabajando.

En estos últimos 12 meses el grupo ya había materializado su último ERE con 3.069 bajas, prácticamente el 10% de toda la plantilla para realizar un cierre de oficinas por el solapamiento con las del Popular, de las que quedan 3.110 sucursales, unas 740 menos que hace un año. En 2018 ya aplicó otro ERE que afectó a unos 1.700 empleados, incluidas jubilaciones anticipadas, para integrar sus servicios centrales en España con los de Banco Popular, adquirido en junio de 2017.

El consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, confirmaba en la última presentación de resultados la puesta en marcha de este nuevo ERE. El ejecutivo recordaba entonces que la intención del banco es llevar a cabo el ajuste de la plantilla mediante acuerdos con los sindicatos, como en ocasiones anteriores. Y también que las salidas sean «voluntarias» y «no traumáticas», como en los anteriores ERE, que prácticamente fueron cubiertos con la demanda de los propios interesados.