Calviño, abierta a incluir propuestas al impuesto bancario para evitar que fracase

Para iniciar con buen pie la negociación, Calviño anunció que el nuevo impuesto a la banca se aprobará a través de una proposición de ley que se negociará con los grupos parlamentarios y cuyos detalles se conocerán la semana que viene, antes de que finalice el mes de julio. El camino en las Cortes, con aportaciones de diversos grupos políticos, también permitirá indirectamente ir modulando la idea inicial del Gobierno con las consideraciones que puedan llegar de diversos sectores, fundamentalmente el bancario, a través de los partidos. Cualquier otra fórmula sería más rápida, pero dejaría menos margen para ser más flexibles ante una medida que ya ha generado polémica antes de ver la luz.

De este modo, el nuevo impuesto tendrá trámite parlamentario para incorporar «las mejoras más adecuadas» con el fin de conseguir el objetivo de recaudación, sin afectar de forma negativa al crédito ni a los ciudadanos, según ha puesto de manifiesto Calviño tras la reunión con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, las principales entidades financieras españolas y el gobernador y la subgobernadora del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y Margarita Delgado.

La vicepresidenta primera ha asegurado al sector que este impuesto es «la decisión correcta» para repartir «los esfuerzos» que suponen el impacto de la guerra y de la elevada inflación. También ha indicado que el sector le ha trasladado el deseo de «no ser estigmatizado» y ser considerado una actividad que «contribuye a las demandas sociales y al crecimiento económico». La imagen pública de la banca ya salió mal parada de la anterior crisis financiera y, según apuntan varias fuentes del sector, no quieren mantener esa imagen estigmatizada después de haber superado la crisis del coronavirus sin impacto reputacional gracias a las acciones puestas en marcha de ayuda y protección a los clientes de las entidades.

Pero las entidades siguen mostrando su oposición. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha afirmado que «no es el momento» para aprobar un nuevo impuesto a la banca y que «no es una medida» que resuelva el problema de la inflación, «sino todo lo contrario, no ayuda a mejorar ni el crecimiento económico ni el empleo». «Conocen nuestra opinión: no es el momento», ha asegurado además de reiterar que la imposición de este tributo puede ser «contraproducente». «No ayuda a los bancos a financiarse y ni a seguir apoyando a la economía con crédito», ha agregado.

Por su parte, el director general de CECA, José María Méndez, también ha coincidido con Kindelán en considerar que este nuevo gravamen «no es un instrumento adecuado» para luchar contra «el principal problema de la economía española», que es la inflación. Ha recordado que la banca ya tiene un impuesto sobre los depósitos, un tipo de Sociedades más elevado que otros sectores y que carga con el Impuesto Jurídico de Actos Documentados.

Calviño ha explicado que uno de los objetivos de la reunión era trasladar a la banca las razones para imponer el nuevo gravamen, como el menor impacto del alza de los precios energéticos o la recuperación económica, o el previsible aumento de ingresos y beneficios del sector ante la subida de tipos en la eurozona, principalmente. «Creemos que es claramente el momento de arrimar el hombro y desde el Gobierno consideramos que el sector bancario puede y debe responder al impacto de la guerra», ha trasladado la vicepresidenta primera.

También ha señalado que la reunión también ha ido encaminada a abordar con el sector financiero las incertidumbres a las que se enfrenta la economía española y mundial, así como la subida de tipos anunciada ayer por el Banco Central Europeo (BCE).

La vicepresidenta ha apuntado que la banca ha mostrado su «predisposición» a tener «un papel más activo» en la canalización de los fondos europeos en la segunda mitad del año y ha anunciado para el mes de septiembre un plan de inclusión financiera en el ámbito rural para identificar las necesidades de los municipios de 500 habitantes, así como los de más población.

Se trata de medidas queEconomía enmarca en la colaboración entre el Gobierno y el sector, del que parten iniciativas como los créditos ICO o las iniciativas elaboradas para mejorar la educación y la inclusión.