La Audiencia de Málaga revoca la condena a una mujer que 'okupó' un piso vacío de un banco

La barriada de La Corta, en una imagen de archivo/SUR
La barriada de La Corta, en una imagen de archivo / SUR

El tribunal no ve delito por usurpación de una mujer enferma y con una hija pequeña y evita su desalojo de la vivienda que habitan de forma clandestina en La Corta

Nuria Triguero
NURIA TRIGUERO

La Audiencia Provincial de Málaga ha admitido el recurso presentado por una mujer que había sido condenada por un delito de usurpación tras haber 'okupado' una vivienda vacía propiedad del Banco Santander. La afectada no tendrá que pagar la multa de alrededor de 360 euros que le había sido impuesta y, lo que es más relevante, no será desalojada del piso, al menos de momento. El tribunal considera en una sentencia dictada el pasado 19 de noviembre que con la ocupación ilegal del inmueble «no se lesionó de forma inmediata, directa y grave el derecho a poseer», ya que el inmueble estaba vacío cuando la mujer accedió al mismo, cosa que hizo «sin ejercer violencia ni intimidación, encontrándose abierta la misma». De hecho, pasaron dos años antes de que la entidad financiera la denunciara.

Para el abogado que ha defendido a la afectada, Francisco José Palacios, del bufete malagueño Sejuri, lo relevante de esta sentencia es que la Audiencia Provincial reconozca que en el fenómeno de la 'okupación' de viviendas «hay casos y casos». «La sentencia tiene en cuenta que no se violentó la cerradura, que la vivienda estaba vacía y abierta y que la mujer pasó allí dos años sin que el banco reaccionara de ninguna manera», afirma. El piso está en un edificio de la barriada de La Corta que fue adjudicado en su totalidad a Banco Santander. Las demás viviendas del mismo también están ocupadas ilegalmente, según el letrado.

Se da la circunstancia de que la protagonista de esta sentencia es una mujer enferma de epilepsia con mala situación económica y con una hija de ocho años. Esta situación personal fue alegada por su abogado para justificar el «estado de necesidad» como eximente, pero este argumento no fue aceptado ni por el juzgado de instrucción ni por la propia Audiencia Provincial. «El hecho de tener pocos recursos económicos, una hija de ocho años y padecer una enfermedad como la epilepsia no determinan automáticamente el estado de necesidad actual, grave e inminente exigido por el Código Penal», afirma la Audiencia. El motivo por el que ésta revoca la sentencia de primera instancia es otro: que no considera que los hechos cometidos sean constitutivos de delito. «Este tribunal considera que sí ha existido una calificación jurídica de los hechos que no se comparte, así consideramos que los hechos denunciados y que se han declarado probados no son constitutivos del delito de usurpación, del artículo 245.2 del Código Penal».

La Audiencia entiende que no toda ocupación material de un inmueble» constituye la infracción penal descrita, sino solo aquella que entrañe tal riesgo para el bien jurídico protegido, eso es, la posesión real y efectiva». Y cita sentencias de las audiencias provinciales de Madrid o Tarragona para justificar su apuesta por la «línea antisancionadora en la vía penal de esta conducta cuando concurran determinadas circunstancias como en el presente caso».

«La acusada ha reconocido la ocupación de la vivienda, sin violencia o intimidación, encontrándose abierta; la perturbación posesoria clandestina que se deriva de la conducta de la misma, carece de las condiciones de antijuridicidad reclamadas por el tipo penal, pues mediante la ocupación del inmueble no se lesionó de forma inmediata, directa y grave el derecho a poseer, a seguir poseyendo de forma real y efectiva a como venía haciéndose antes del acto perturbatorio sino el derecho a poseer», argumenta la magistrada Aurora Santos, que añade que hay «contundentes y eficaces mecanismos de protección civil que, sin duda, la parte perjudicada puede utilizar». Y concluye citando al Tribunal Supremo que señala en una sentencia de 2014 que la intervención penal «queda reservada para los casos más graves, aquellos en que la perturbación de la posesión tenga mayor significación, lo que no ocurre en el caso contemplado».

Francisco José Palacios confía en que este conflicto judicial se acabe resolviendo por la vía del acuerdo. «La afectada tiene concedida una ayuda social por su precaria situación económica y familiar y se le ha planteado al banco que le conceda un alquiler social para que pueda seguir en la vivienda», apunta.