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R. C.
Sábado, 5 de agosto 2017, 00:05
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palma. El gobierno balear obligará por ley a los grandes propietarios de viviendas vacías a tener que cederlas al plan de alquiler social. Eso sí, la medida está pensada para las sociedades y empresas -no particulares- que tengan al menos diez pisos y lleven al menos dos años sin ser ocupados. Esa es una de las iniciativas que contempla la nueva Ley de la Vivienda autonómica aprobada ayer. En cualquier caso, este escenario sólo se dará cuando exista una «necesidad objetiva de dificultad» de acceso a la vivienda, según explicó el consejero del Territorio, Marc Pons, quien insistió en que el objetivo de la normativa es facilitar el acceso de los ciudadanos a una casa.
La ley define como «grandes poseedores» a las personas físicas y jurídicas que, directamente o indirectamente a través de sociedades, participan de manera activa en el mercado y tienen diez viviendas o más en propiedad, alquiler o usufructo. Asimismo, deben desarrollar una actividad económica con las viviendas. En principio, esto evita que afecté a propietarios que tengan esas viviendas como patrimonio. La nueva normativa contempla que un cuerpo de inspección sea el encargado de detectar tanto pisos vacíos como usos irregulares de las viviendas de protección oficial.
Por su parte, las entidades afectadas deberán inscribir las propiedades vacías en el Registro de Viviendas Desocupadas. En caso de no hacerlo se considerará una sanción grave y se pondrá imponer una multa de entre 3.000 hasta 30.000 euros. En cualquier caso, la ley explica que la cesión será temporal y que los propietarios afectados recibirán una compensación económica «adecuada».
La normativa que aprobó ayer el Ejecutivo autonómico también pretende potenciar el alquiler social. Para ello, la ley recoge un aumento del parque de gestión pública de viviendas con el objetivo de destinarlo al alquiler social. Además, intensificará el control para evitar uso irregular en este tipo de vivienda.
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