El Gobierno permite a los autónomos renunciar al sistema de módulos

En concreto, de acuerdo con la nueva medida, los trabajadores autónomos y los contribuyentes que tributen en módulos podrán realizar el cálculo del pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación directa y no objetiva, lo que permitirá que durante el periodo afectado por el estado de alarma su pago se ajustará a los ingresos reales.

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se han felicitado por la aprobación de esta medida, que implica que los trabajadores por cuenta propia que actualmente están en módulos y que así lo soliciten puedan optar por tributar por estimación directa. De acuerdo con cálculos de ATA, en esta situación se encuentran 400.000 autónomos en España, concentrados en sectores muy presentes en el tejido empresarial español, como son la hostelería, el taxi o el comercio. «Es una buena medida que puedan salir de este sistema temporalmente porque les está penalizando ya que no tienen actividad y el sistema de tributación por estimación objetiva marca una cantidad fija en el IVA e IRPF independientemente de si tienes ingresos o no los tienes», valora Lorenzo Amor, presidente de ATA. «Poder salir en 2020 de este sistema de tributación y pasar a estimación directa y poder recuperarlo en 2021 es una medida muy bienvenida», añade Amor, quien estima que hasta 250.000 autónomos podrían solicitar este cambio.

Si bien siempre se ha podido pasar de un sistema a otro, hasta el momento, cuando se producía el cambio de módulos a estimación directa, los contribuyentes tenían que permanecer tres años antes de poder volver al sistema original. Ahora se dota de flexibilidad a tal cambio y los autónomos podrán volver a módulos ya en 2021 si lo desean, sin tener que esperar esos tres años.

Otra medida adoptada por el Gobierno pasa por una reducción en el pago fraccionado del IRPF y del IVA: en cada trimestre se podrán descontar los días del estado de alarma.

Y, por último, Hacienda da la posibilidad de supeditar el pago de deudas tributarias del Impuesto de Sociedades a la obtención de financiación avalada por el ICO.

Hace una semana, el Gobierno aprobó una moratoria para los impuestos que debían pagarse antes del 20 de abril, con un nuevo plazo que se extenderá hasta el 20 de mayo. Antes se había aprobado también la posibilidad de aplazar el pago de hasta 30.000 euros en impuestos hasta en seis meses, tres de ellos sin intereses.

Con la primera partida de avales del ICO para pymes superada, por valor de 20.000 millones de euros, y una segunda en vigor por el mismo importe, el Gobierno ha decidido que las empresas puedan acceder a financiación garantizada mayoritariamente por el Estado más allá de los bancos. Hasta ahora, las entidades financieras eran las únicas que podían tramitar esas líneas de financiación con aval público, aunque con el decreto aprobado hoy por el Consejo de ministros también se puede obtener este respaldo público a través del sistema de financiación de pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), «fomentando así otras líneas de financiación más allá de la banca», ha indicado la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Hasta este lunes, la banca había concedido más de 116.000 operaciones por 11.700 millones de euros a través de ese programa de avales, lo que ha permitido la canalización de financiación de de 15.100 millones de euros, de los que el 99% han ido a parar a pequeñas y medianas empresas.

Además, el Gobierno ha aumentado la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las comunidades, a través de CERSA. Ha habilitado al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador en riesgos de seguros de crédito. Y ha reducido un 50% los aranceles en novaciones de créditos que no sean hipotecas.

Por otra parte, se ha habilitado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a conceder aplazamientos para el pago de los préstamos concedidos a particulares, comunidades de vecinos y empresas través de sus programas de ayudas, con los que se financia a comunidades de vecinos para la rehabilitación energética de su edificio o a empresas para la implantación de instalaciones térmicas renovables. Así se permite retrasar el pago de sus obligaciones, facilitando una mayor liquidez.