La Administración garantizará la atención presencial de los funcionarios

En el caso de la regulación de los funcionarios, se trata de un texto que se incorporará al Estatuto Básico del Empleado Público y se aplicará tanto a funcionarios como al personal laboral.

A partir de esta nueva regulación básica del teletrabajo, el resto de las administraciones podrán desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo para garantizar la atención presencial a la ciudadanía.

Tal y como ocurre en la norma para la empresa privada, el teletrabajo será voluntario y reversible y el personal que teletrabaje tendrá los mismos deberes y derechos que el resto de empleados públicos. Además, no supondrá coste alguno para el trabajador, ya que la Administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios para su actividad (las administraciones públicas tendrán seis meses para adaptarse a esta premisa).

La modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria por parte de la Administración ni podrá ser absoluta, de tal manera que se combinará el trabajo presencial y el teletrabajo en el régimen que se establezca y que garantice la atención directa presencial a la ciudadanía. Tendrá que ser expresamente autorizada y, como requisito previo, se comprobará que las tareas asignadas al puesto se puedan desempeñar a distancia, al igual que la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.

De igual manera se garantiza el derecho a la intimidad o la desconexión digital y se presta una especial atención a los deberes en materia de confidencialidad y protección de datos.