El acuerdo pactado del ERE del Santander deberá estar listo a finales de junio

El banco justifica las bajas para completar la integración de Popular, así como por los bajos tipos, la digitalización y la regulación del sector

J. M. CAMARERO

madrid. La tercera reunión que ayer mantuvieron Banco Santander y los sindicatos ha servido para despejar el calendario que dará lugar a una de las mayores reestructuraciones de personal de la entidad en su historia. El próximo jueves 23 de mayo tendrá lugar la cuarta reunión que, oficialmente, supone el inicio del periodo formal, que podrá extenderse hasta un máximo de 30 días según determina el Estatuto de los Trabajadores. De esta forma, ambas partes tendrán que alcanzar un acuerdo antes de que finalice el mes de junio. En caso contrario, si no hay consenso, Santander comunicará a esas organizaciones su decisión final de despido colectivo y las condiciones.

Desde el primer momento en el que se planteó este ERE, Santander ha mostrado su disposición a que se realice con bajas voluntarias y no forzosas, como así ocurrió en el proceso anterior, que culminó con un millar de salidas hace un año. En esta ocasión, la entidad ha planteado que 3.173 trabajadores se sometan al ERE, lo que supone un 11% de su plantilla actual en España. Al mismo tiempo, ha manifestado su voluntad de cerrar 1.150 oficinas, un 26% de su red.

Ante esta coyuntura, las organizaciones sindicales quieren centrarse en rebajar las cifras aportadas por la entidad para acometer esta reestructuración. Tanco CC OO como UGT confían en que Santander renuncie a cualquier tipo de medidas de naturaleza traumática, primando la voluntariedad en las adscripciones con una dotación suficiente de recursos para lograrlo.

En el encuentro de ayer, el banco presentó el informe elaborado por una empresa externa para justificar el ERE. Las razones son las mismas que los ejecutivos de la corporación han manifestado en los últimos meses para acometer el proceso que deriva de la duplicidad generada por la adquisición del Popular en 2017. Además, «se basan en la situación del sector bancario», apuntan desde UGT: los bajos tipos; la pérdida de rentabilidad que tiene la banca, en general; la digitalización a la que va encaminado el sector financiero en los próximos años en un proceso imparable frente al de la presencia en sucursales; la propia sobredimensión de las oficinas físicas; y la caída en el 'stock' de crédito a pesar de los avances experimentados en los últimos años, insuficiente para cubrir las amortizaciones realizadas por los clientes de la entidad.