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J. M. CAMARERO
Martes, 26 de marzo 2019, 00:03
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madrid. El goteo de sentencias judiciales sobre los problemas hipotecarios que han tenido muchos clientes en los últimos años -por las cláusulas suelo, gastos iniciales o multidivisas, entre otros- sigue decantándose de forma mayoritaria a favor de los afectados frente a las políticas comerciales de sus entidades. El 96,7% de los fallos de los tribunales especializados en esta materia respaldó las tesis de los hipotecados en 2018.
Se trata de un porcentaje que se mantiene en esas cotas desde que se pusieron en marcha esos organismos a mediados de 2017, según los datos actualizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, durante el año pasado se dictaron 71.962 sentencias, de las cuales unas 69.500 fueron a favor de los usuarios. Si se tienen en cuenta los datos de fallos desde el 1 de julio de 2017, cuando iniciaron sus trabajos, los jueces han resuelto 81.288 casos, de los cuales 78.760 han dado la razón a los clientes en sus reclamaciones, un 96,9% del total.
Aunque la Justicia respalda la posición de los hipotecados en la mayor parte de los casos, el talón de Aquiles de estos conflictos se encuentra en la falta de agilidad que tienen los juzgados para resolver las pilas de casos que se les acumulan por la avalancha de demandas y la falta de recursos judiciales para resolverlas. Desde mediados de 2017, cuando el Ministerio de Justicia habilitó estas secciones especializadas en conflictos hipotecarios, se han resuelto aproximadamente un 30% de los casos que han llegado a los registros oficiales.
De hecho, todavía quedan pendientes, en términos generales, unos 250.000 expedientes, aunque las diferencias son notables entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, en regiones como La Rioja o Asturias, el grado de resolución de estas causas se aproxima al 70% del total. Por el contrario, en Cataluña apenas se han solventado un 16% de las demandas relacionadas con los conflictos bancarios y en Madrid esa tasa apenas roza el 25%.
En términos generales, los jueces suelen dar la razón a los clientes al considerar que la banca no actuó conforme a las buenas prácticas, en el momento de comercializar la hipoteca, al incluir cláusulas que, si bien no son consideradas ilegales, sí tienen la tachadura de «abusivas» al considerar que la entidad las llegó a imponer a los usuarios valiéndose de su posición dentro de una negociación tan compleja como ésa.
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