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Dos trabajadores fichan a la entrada de su empresa. :: rafael gutiérrez
Casi 600.000 actividades no podrán aplicar el registro horario al no tener un centro de trabajo

Casi 600.000 actividades no podrán aplicar el registro horario al no tener un centro de trabajo

Empresas, pymes y autónomos manifiestan su «desconcierto» ante la norma que entra en vigor el domingo pero «carece de seguridad jurídica»

LUCÍA PALACIOS

MADRID.

Sábado, 11 de mayo 2019, 00:03

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Apenas faltan unas horas para que todas las empresas, independientemente del número de empleados que tengan o sector al que pertenezcan, estén obligadas por ley a llevar un «registro diario de la jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona». Así lo establece el Real Decreto aprobado el pasado 8 de marzo, aunque su aplicación se pospuso hasta este domingo, 12 de mayo, para dar margen a que pudieran ponerlo en marcha.

Sin embargo, este plazo de dos meses no ha sido suficiente para aclarar las múltiples dudas que están surgiendo alrededor de este tema y el desconcierto sigue reinando en gran parte de las empresas, sobre todo entre las más pequeñas, que son la inmensa mayoría en el país (un 95% del total tiene menos de 5 trabajadores). A ellas son las que les afecta principalmente, puesto que la práctica totalidad de las compañías grandes y medianas ya tienen implantado desde hace tiempo algún tipo de registro horario, según señalan desde CEOE, que manifiesta su voluntad de cumplir y negociar con los sindicatos, al tiempo que muestra su inquietud sobre qué pasa si no se llega a un pacto. Más beligerante es la postura de Cepyme, la patronal de las pymes, que alerta de las «dificultades» que tienen las pequeñas empresas para cumplir esta ley y se quejan de que entraña «nuevas cargas y costes económicos», a la vez que despierta numerosas «incertidumbres para su cumplimiento».

Otro colectivo que muestra su «tremendo cabreo» contra esta nueva obligación son los autónomos, que están esperando que sus asesores les digan cómo lo tienen que hacer. Así lo manifiesta a este periódico el presidente de ATA, Lorenzo Amor. «Hay un desconcierto total porque la norma carece de seguridad jurídica», asegura, al tiempo que pide que no se aplique hasta que no se hayan desarrollado las normas reglamentarias que reconozcan todas las necesidades y modelos laborales diferentes. Y es que desde ATA denuncian la imposibilidad de implantarlo en esas casi 600.000 actividades que no tienen un centro de trabajo establecido, sobre todo del sector del transporte, de servicios, de la construcción, de la agricultura, etc. Así le sucede por ejemplo a un camionero, o a un comercial o viajante, o al obrero que cuando acude a una obra, a un fontanero que va de casa en casa, o al trabajador del campo... «¿Tiene el camionero que instalarse otro aparato además del tacógrafo que pulse cada vez que pare a echar gasolina, comer, descansar?», se lamenta el presidente de ATA, que también se pregunta quién tiene la responsabilidad en el caso del trabajador que no fiche, puesto que el texto publicado en el BOE no especifica nada y deja el desarrollo de la norma en manos de la negociación colectiva.

Trabajo publicará este lunes una guía práctica para las empresas pero no desarrollará la norma

«Esto nos vuelve a la época de las cavernas, no reconoce el trabajo del siglo XXI, no reconoce el teletrabajo, la conciliación y además hay una presunción de culpabilidad de todas las empresas», se queja Amor, que dice que si realmente el objetivo del Gobierno es penalizar a las empresas que no cotizan por todas las horas que hacen sus trabajadores, lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es mandar a los inspectores a los paseos marítimos de las ciudades. «Empecemos por ahí y dejemos de cargar las tintas sobre los mismos», concluye este emprendedor, que se pregunta si también van a poner un limitador a los coches porque algunos circulen a 180 kilómetros.

Desde el departamento liderado por Magdalena Valerio anunciaron ayer que publicarán este lunes, precisamente un día después de su entrada en vigor, una guía práctica para las empresas «con el fin de establecer unos criterios que sirvan de orientación a empresas y trabajadores», pero resaltaron que «no está previsto expresamente en la norma el desarrollo reglamentario». A su vez, precisaron que «el modelo de registro pactado deberá ofrecer fiabilidad y acreditar que no pueda ser manipulable, ni modificable a posteriori con el fin de evitar fraudes».

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