La AIReF ve «improbable» que ocho comunidades cumplan el déficit en 2017

Sin embargo, el informe publicado hoy advierte de que el cumplimiento de la senda de estabilidad depende de que se "produzca una actualización de los recursos del sistema de financiación". Y es que todas las comunidades salvo Canarias y Baleares han basado sus presupuestos contando con esos importes. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda hasta ahora ha vinculado la actualización de las entregas a cuenta a la aprobación de unos Presupuestos Generales para 2017.

Por este motivo, la Autoridad Fiscal recomienda a las comunidades a adoptar "retenciones de crédito" por valor de 2.000 millones de euros, que es la previsión de recursos por la actualización de la financiación que no se ha producido todavía. Según fuentes del organismo, este mecanismo es "una fórmula contable" que no requiere la aprobación en el consejo de gobierno de cada comunidad (como sí los acuerdos de no disponibilidad) y que es "reversible". Es decir, que puede utilizarse en cuanto reciban los fondos.

En cualquier caso, la AIReF considera que el déficit autonómico se situará en el 0,7%, una décima superior al objetivo. Un escenario que empeoraría en caso de que finalmente no se actualice los recursos que reciben las comunidades por el sistema de financiación. En esa circunstancia, la AIReF estima que el desfase frente al objetivo sería de dos décimas (2.000 millones) adicionales.

Asimismo, el organismo que dirige José Luis Escrivá también pide al Ministerio de Hacienda que utilice las medidas preventivas para que las comunidades cumplan los objetivos. Así, aconseja que active la "formulación de advertencia de riesgo de incumplimiento" que contempla la ley de estabilidad a Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia para solicitarles la remisión de una "planificación plurianual".

Por último, el informe también analiza la sostenibilidad de la deuda autonómica, que debe reducirse al 13% según la ley de estabilidad. Un objetivo que las comunidades con mejor situación no alcanzarán hasta después de 2020 y que en el caso de Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana no se producirá hasta 2045.