El Supremo acuerda dejar el 'caso Rato' en los juzgados de Madrid

Fue el propio juez de instrucción quien pidió al Alto Tribunal que decidiera quién era el magistrado competente para investigar presuntas irregularidades detectadas en el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrígo Rato, al considerar que debía ser la Audiencia Nacional la encargada de instruir esta causa.

No obstante, ha tenido en cuenta el informe de la Fiscalía del TS que se inclinó por dejar la competencia de la instrucción en los juzgados de Madrid, en concreto, en el juzgado número 31, que fue el que asumió la instrucción tras la detención de Rodrígo Rato el pasado mes de abril.

Según indicaba el Ministerio Público en su escrito, la documentación consultada conduce a pensar que "los hechos investigados podrían ser presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales" y existen "sólidos indicios" de que habrían empezado a cometerse en territorio español.

El Supremo designó como potente de la resolución al magistrado Manuel Marchena, quien ha sido el magistrado encargado de realizar la propuesta que ha debatido la Sala compuesta por tres jueces. El juez instructor de Madrid Antonio Serrano-Arnal planteó la cuestión de competencia el pasado 2 de octubre después de que el juez encargado del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, rechazara asumir el procedimiento.

El magistrado de instrucción de Madrid Serrano-Arnal investiga el patrimonio de Rato y se centra en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que el exvicepresidente es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.

Kradonara, centro de la trama

La sociedad de escasa actividad constituida en 2001 cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, apuntaba el juez en la cuestión remitida a la competencia. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas, la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas.

Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato.

Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.

Esta empresa encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".

El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid mantiene imputadas, además de a Fernández Norniella y las dos nuevas personas que el juez relaciona con la comisión de delitos, a otras 11 personas por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo y corrupción entre particulares.

Además de Rato, investiga al presunto testaferro Alberto Portuondo --el único que ha sido enviado a prisión-- el abogado Domingo Plazas, la que fuera secretaria del exvicepresidente del Gobierno Teresa Arellano y otro presunto testaferro Miguel Ángel Montero.

Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades. Se encuentran, además, imputados el exdirector de Comunicación de Caja Madrid y Bankia Miguel Robledo y una empleada de Portuondo.