Los misterios de tu factura de la luz

¿De verdad es tan opaco nuestro recibo eléctrico? «No. ¡Si no puede haber más información!», responden desde Unesa, la asociación que reúne a los cinco grandes distribuidores que operan en España (Endesa, Iberdrola, E.ON España, EDP España y Gas Natural Fenosa). Su formato sigue al pie de la letra el modelo que se publicó en el BOE de mayo del año pasado. Se creó, precisamente, para facilitar la comprensión a los consumidores y pasó por todas las instancias: lo propuso en 2012 la Comisión Nacional de Energía y luego lo estudió la propia CNMC, antes de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo le diera luz verde.

«Hay gráficos de barras, quesitos... De todo», explican desde la patronal eléctrica. Y efectivamente es así. El cliente puede ver qué paga, por qué conceptos lo paga, la evolución de su consumo y el destino del importe de la factura, que es lo más novedoso de todo, pero también «la zona más oscura», denuncia Ignacio Mártil, catedrático de Electrónica en la Universad Complutense de Madrid y miembro de Econonuestra, un colectivo de profesionales de todos los ámbitos cuyo objetivo es difundir ideas alternativas a las predominantes en relación con la economía.

El Gobierno estableció que este gráfico debe tener tres quesitos: el del coste de producción de la electricidad, el de los impuestos y el de los costes asociados a la regulación eléctrica, que suponen cerca del 48%. Este último es el más polémico, ya que también obliga a diferenciar entre lo que cuesta el transporte y distribución de la electricidad, los incentivos a las renovables (solar, eólica, geotérmica...), 31.500 millones de euros en total de 2007 a 2013, y el resto de gastos, lo que encierra cierto sesgo político, según la mayoría de fuentes consultadas. «A algunas compañías les interesa que los clientes piensen que la mitad del recibo no son costes reales del suministro. Lo que quieren es que lo que no se quedan ellas, lo que no es su negocio, vaya fuera del recibo. Pero eso no quiere decir que no sea coste de suministro», esgrime el ingeniero industrial Jorge Morales. Él es una de las voces más beligerantes con las grandes eléctricas en los últimos tiempos. Ha trabajado en el sector durante años y conoce al dedillo su regulación.En 2014 estas energías limpias «aportaron cerca del 40%» a la mezcla que consumimos y contribuyeron a «abaratar» el precio porque salen al mercado «a coste cero» ante la imposibilidad de almacenaje. «En la factura no hay nada ajeno al sector», ahonda Morales, miembro también de la Junta Directiva de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que agrupa a unas 300 empresas.

El catedrático Ignacio Mártil va un poco más allá en cuanto a la intencionalidad de destacar estas subvenciones a las renovables. «El Gobierno lo hace porque se las quiere cargar, pero hay que tener en cuenta que la energía procedente de ellas nos da cierta independencia energética», algo muy interesante si tenemos en cuenta que «importamos el 80% de la que consumimos», subraya. Y añade algo más: las renovables también tienen signo político. «A la derecha no le gustan ni la eólica ni la fotovoltaica, pero sí la hidráulica». Y echa mano de la historia:«La mayoría de las grandes presas de este país se construyeron entre los años 50 y 60».

Dejando a un lado este enfrentamiento a cuenta de la energía limpia, en la factura de la luz pagamos otras cosas que ni sospechamos y que se agrupan bajo el epígrafe «otros costes regulados». «Es un cajón de sastre», sostienen Mártil y Morales. Aquí entran, por ejemplo, las subvenciones que recibe el sector del carbón, «que genera ingresos para las eléctricas», detalla el profesor de la Universidad Complutense. Unesa aporta su propia paradoja:«Nos acusan a la vez de usar combustible fósil y de acabar con las cuencas mineras». Al mismo tiempo, la patronal defiende que hay subvenciones que no deberían ser sufragadas con el recibo, sino que deberían ir con «cargo a los Presupuestos Generales del Estado». Un argumento que también le vale en el caso de las renovables.

De igual modo, hemos sufragado en nuestro recibo la moratoria nuclear. Esta deuda se contrajo con el sector en 1984, dos años antes del accidente de Chernóbil, y empezamos a pagarla en 1995. A lo largo de estos 20 años, hemos amortizado las inversiones que se hicieron justo antes de suspender el programa, incluidas las centrales construidas y nunca usadas, como la vizcaína de Lemoiz. La última letra la abonaremos a lo largo de este año.

Suma y sigue. Con el importe de nuestra factura también se contribuye a un concepto que se llama pago por capacidad. Se trata de una remuneración extra a las centrales por su disponibilidad para producir energía de forma urgente si la demanda aumenta por encima de la oferta pactada a priori. Asimismo, parte del dinero se ocupa de los Costes de Transición a la Competencia, conocidos en el sector por sus siglas: CTC. Se trata de una compensación a las eléctricas que invirtieron en la red justo antes de aprobarse la liberalización del mercado. El objetivo es que «recuperen» ese gasto. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que agrupa a ecologistas y consumidores y en la que también está Morales, denunció en 2013 que se habían pagado hasta 3.400 millones de euros de más por este concepto. La querella está admitida a trámite. «Ese dinero habría que devolverlo», defiende Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, que también denuncia el encarecimiento de los costes fijos de la factura y la imposiblidad de conocer con antelación a cuánto nos cobrarán el kilovatio hora, algo que «vulnera la normativa».

Otro porcentaje de nuestra factura se destina a cubrir el déficit de tarifa, la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas. En otras palabras, lo que pagamos en el recibo no alcanza para cubrir lo que cuesta a estas empresas proporcionarnos la energía y hay que, de nuevo, compensarlo. En la actualidad ronda los 30.000 millones de euros (el agujero de Bankia era de unos 23.500).

Todo esto suma un pico. Pero hay más. Falta añadir el capítulo de los impuestos, ue indignan a todas las partes casi por igual, aunque con motivaciones distintas. «La luz tiene el mismo IVA que un bolso de Louis Vuitton», apuntan desde Unesa. Está gravada con el 21%, como todos los artículos de lujo. El agua, por ejemplo, tiene un IVA del 10% y el pan del 4%. «¿Acaso la electricidad no es un bien de primera necesidad?», se pregunta Mártil.