UPyD pide prisión incondicional para Rato por la salida a bolsa de Bankia

Además, pide una fianza civil de 4.112 millones de euros para todos los imputados en el 'caso Bankia', incluyendo a la propia entidad financiera y a su banco matriz, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse por el debut bursátil más el tercio adicional que contempla la ley, según el escrito presentado hoy en la Audiencia Nacional. De no presentarse esa fianza, UPyD solicita que se proceda al embargo de sus bienes.

La formación política ha tomado estas decisiones tras el informe en el que dos peritos designados por el Banco de España cuestionaban las cuentas de la salida a Bolsa de Bankia, lo que para UPyD "acredita la existencia de un engaño masivo" en la operación. "Y dicha manipulación contable fue perpetrada, deliberadamente, por el entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato y los restantes imputados", añade.

En el caso concreto de Rato, UPyD justifica que debe ir a prisión por las elevadas penas a las que se enfrenta por los delitos que se le imputa, por el riesgo "fundado" de huida o por las altas responsabilidades pecuniarias derivadas de estos hechos.

Viajes a Suiza

A ello añade que la investigación judicial que instruye el juez Fernando Andreu se encuentran ya en fase muy avanzada, que Rato está además imputado en otra de las piezas del caso -la de las 'tarjetas opacas' de Caja Madrid- y por los indicios que apuntan a la existencia de un elevado patrimonio en el extranjero. Este patrimonio, a juicio de UPyD, sería de "difícil control e incautación judicial" y que se deduce de los "sucesivos viajes" de Rato a Suiza "en las últimas fechas".

Y es que UPyD se hace eco de distintas informaciones de viajes del exministro de Economía a Ginebra, por ejemplo, el 23 de octubre, un día después de presentar un aval de 3 millones en concepto de fianza civil por su responsabilidad en el sistema de 'tarjetas opacas' de Caja Madrid u otro el pasado 26 de noviembre.

A todo esto se une la capacidad que tiene Rato, según UPyD, de destruir pruebas que afectan a la causa por sí mismo o a través de terceros debido a su posición pública, política y patrimonial.