Hacienda veta la posibilidad de que el Estado garantice la deuda de las autopistas de peaje

Discrepa con el Ministerio de Fomento en este punto, aunque aceptaría elevar el rendimiento mínimo de los bonos que se ofrecerán a los acreedores

JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El Ministerio de Hacienda no quiere que la deuda de 4.600 millones de euros que arrastran las nueve autopistas de peaje en riesgo claro de quiebra termine siendo un quebranto para las arcas públicas, bien en forma de déficit o de un pasivo mayor para las arcas públicas ,que terminará el año con un nivel próximo al 99,5% del PIB, según las previsiones del Gobierno,. Considera que un cambio de esa índole tendría un efecto presupuestario importante y podría modificar el visto bueno ya dado por la Comisión Europea a esta operación de rescate.

Por eso, mantiene su férrea oposición a que los bonos que emitirá la nueva sociedad pública que gestionaría esas autopistas tras su rescate por el 50% de la deuda, pues el resto se eliminaría tras una quita tengan la garantía del Estado. Esa es la principal reclamación que hace la banca, a la que se adeudan 3.715 millones de euros, y sobre la que parecía haber obtenido una respuesta positiva desde el Ministerio de Fomento. Bankia (435 millones), Sabadell (346 millones), Caixabank (272 millones) y el ICO_(262 millones) son los principales acreedores de esas vías.

Su otra reivindicación, a la que sí es receptiva Hacienda, es que se eleve la rentabilidad de dichos bonos, fijada en un mínimo inicial del 1% aunque podría incrementarse hasta llegar al 4,3% en los próximos años conforme fuera aumentando el tráfico de las autopistas. Las entidades sostienen que todo lo que no sea un fijo del 4% supondría, en la práctica, elevar su quita hasta el 60% o incluso el 80%.

En Fomento según fuentes del sector presentes en las conversaciones- han llegado a ofrecerles un rendimiento garantizado del 2,6% por año y podrían alcanzar incluso el 3%, pero ese 4% reclamado parece descartado de antemano. Las negociaciones, no obstante, se han reactivado desde el viernes con varias reuniones.

Negociaciones reactivadas

Del resto de actores implicados, las constructoras centran sus peticiones en que se les abonen los sobrecostes por las obras de las autovías y la expropiación de terrenos, que cuantifican en unos 470 millones. Por su parte, las concesionarias de las vías piden que se reconozca el valor inicial de sus participaciones, otros 350 millones.

El Ejecutivo, no obstante, ganó un tiempo precioso la semana pasada con el aplazamiento ,hasta el 19 de septiembre- de la junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda, la que tiene más avanzada su tramitación entre las nueve que se encuentran ya en concurso y cuya entrada en liquidación se daba casi por segura. Su deuda asciende a 522 millones de euros y los principales socios de su concesionaria, Sacyr y Ferrovial, habían pedido aplazar su pago hasta dentro de ¡43 años (2057)!.