Rubiales: «Para desconvocar la huelga tiene que haber cambios»
Amador Gómez
Jueves, 7 de mayo 2015, 18:39
«Esto es una medida de defensa ante un ataque. No es una medida de presión, sino de defensa ante la vulneración de nuestros derechos», ... proclamó este jueves el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Rubiales, aliado de Ángel Villar en la guerra permanente del máximo dirigente de la Federación Española de Fútbol (FEF) con su homólogo de la Liga, Javier Tebas, y con el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Respaldado por los capitanes de Real Madrid (Casillas y Sergio Ramos), Barcelona (Xavi, Iniesta y Piqué) y Atlético (Gabi y Juanfran), entre más de 50 jugadores profesionales, el sindicato, que se considera ninguneado por el Gobierno y la Liga de Fútbol Profesional (LFP), exige más dinero y cambios inmediato en el real decreto de venta centralizada de los derechos de televisión para desconvocar la huelga convocada para las dos últimas jornadas del campeonato.
Respuesta de los inspectores de Hacienda
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«Al igual que sucede con el resto de contribuyentes, cada persona debe satisfacer aquellas prestaciones de servicios que recibe, así como los impuestos correspondientes a las mismas, como el IVA, en caso de ser consumidor final», señala en un comunicado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
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Para la IHE, ni los clubes de fútbol ni los futbolistas, a sueldo de los mismos, pueden acusar de «maltrato» a la Administración Tributaria, sino todo lo contrario. Aunque la AEAT no ha apoyado convenios tan gravosos como los planteados por estas entidades, sí ha concedido acuerdos para el pago aplazado de las deudas privilegiadas. Para llegar a esta situación de aparente control, la AEAT tuvo que «endurecer previamente su postura frente a los reiterados incumplimientos de obligaciones tributarias por parte de muchos clubes».
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La IHE cree que es «injusto buscar el origen de los problemas financieros del fútbol en la aplicación del sistema tributario», o en una supuesta actitud «agresiva» de la Administración Tributaria.
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«No corresponde a IHE valorar, como Asociación Profesional, la decisión de la AFE de adoptar medidas de conflicto colectivo en ejercicio de sus derechos por los futbolistas, siempre que las mismas no encubran intentos de presionar a la Administración Tributaria para beneficiarse de un trato de favor. Clubes y jugadores deben atender a sus obligaciones fiscales, como cualquier otra entidad o ciudadano», concluye el comunicado
El paro de la AFE en Primera División coincide, a partir del 16 de mayo, con el planteado por la Federación Española de Fútbol (FEF), aunque el del organismo que preside Ángel Villar alcanza a todas las competiciones nacionales, incluida la final de la Copa del Rey del 30 de junio entre Barça y Athletic. «Se nos ha llevado a un callejón sin salida. Esto lo han provocado otros. No la AFE», aseguró Luis Rubiales, en alusión al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la patronal de clubes, para justificar una convocatoria de huelga considerada un desafío al Gobierno y a la LFP. «Una locura, una osadía y una irresponsabilidad de una institución y su presidente (Villar), que no sabe qué rumbo tomar», sentenció Javier Tebas, mientras Miguel Cardenal insistió en que «la huelga no está justificada» y en que «es el momento de que todos piensen en el fútbol». Incluso tras la rueda de prensa de Rubiales, la LFP anunció que este viernes denunciará a los futbolistas ante la Audiencia Nacional «dada la ilegalidad de la propuesta de huelga» y amenaza a los jugadores con «la petición de los daños y perjuicios correspondientes» y con «medidas disciplinarias que los clubes afectados estimen a su conveniencia».
«Precisamente, lo que más nos importa es el fútbol y la afición, y no pedimos cuestiones alocadas», afirmó durante su comparecencia Rubiales, mientras lanzaba una pregunta al aire, en referencia a los futbolistas de más renombre, sobre todo de los dos clubes que más millones seguirán ganando con la nueva normativa (aprobada el pasado jueves por el Consejo de Ministros) y que escenificaron la puesta en escena de una convocatoria con la que se confía en obtener una respuesta positiva por parte de la Administración para que no se paralice la Liga. «¿Algún futbolista de los que hay aquí tiene necesidad de meterse en un berenjenal de estos? Quieren que se beneficie a la Segunda y a la Segunda B», aseguró el presidente de un sindicato de futbolistas que no se opone a la venta colectiva de los derechos audiovisuales, pero sí está en contra «de cómo se ha elaborado un real decreto que no es justo» y de un reparto que se estima enormemente desequilibrado entre los clubes de Primera (el 90%) y Segunda División (el 10%), «lo que aumentará las diferencias entre las dos categorías»; que no destina beneficios al fondo de garantía salarial de los futbolistas; y que no cuenta con la AFE para el órgano de control de los derechos en el que el poder está en manos de la LFP.
«En contra del Parlamento»
«El secretario de Estado nos dijo el día de su nombramiento (13 de enero de 2012) que la AFE estaría representada, junto a la Liga y la Federación, pero desaparecimos. No querían que participáramos más en esto», lamentó Luis Rubiales. «Incluso se ha excluido a la AFE en contra de lo que el Parlamento español había ordenado. Fue un mandato que no ha sido tenido en cuenta por el Gobierno», denunció el presidente del sindicato que también considera «asombroso» y «algo tremendo» que el real decreto deroge un artículo de la Ley del Deporte y que ahora se conceda a la Liga «la potestad de sancionar algo reservado al Derecho público», aludiendo a los casos concretos del descenso administrativo del Murcia y a la retirada de licencia impuesta al futbolista del Getafe Pedro León. «A partir de ahora, lo que le pasó a él le puede pasar a cualquiera, y eso no puede ocurrir, porque tiene que haber un fútbol legal», reclamó Rubiales. «Y el Gobierno lo permite, cuando se nos está dando la razón en los juzgados», añadió el máximo dirigente de un organismo que se congratula de que se hayan sumado a la huelga árbitros y entrenadores.
La AFE insiste en que no reculará de aquí a poco más de una semana «mientras no haya cambios pactados», pero ahora está convencida de que tras la amenaza el Gobierno moverá ficha y al menos «se dignará a hacer alguna llamada, porque a los futbolistas siempre se les ha ignorado, cuando la Liga ya conocía perfectamente el real decreto». La pelota está ahora en el tejado de Miguel Cardenal o en el del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aunque éste defendió este jueves que «los mayores beneficiarios van a ser los profesionales y el fútbol profesional y el aficionado tienen mucho que ganar con la venta centralizada».
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