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TABLA RASA

Línea de fuga ·

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Domingo, 27 de mayo 2018, 00:06

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Cualquiera que se dé una vuelta por la calle Beatas y la plaza de Uncibay, que entre a comprar un manojito de boquerones en el Mercado de Salamanca y se aventure en el realismo mágico de Lagunillas podrá comprobar a simple vista que se encuentra en un conjunto histórico catalogado como Bien de Interés Cultural y, por tanto, sometido a la máxima protección por parte de la autoridad competente. Aquí la autoridad competente es la Junta de Andalucía, que vigila sin desmayo la armonía estética de los toldos y rótulos de los comercios instalados en esta zona, el escrupuloso acabado de las fachadas de los inmuebles y el inmaculado estado del mobiliario y el acerado públicos antes, durante y después de cada exposición que clava sus soportes con tornillos roscachapa en la solería de Alcazabilla, de la plaza de la Constitución o, incluso, pardiez, de la calle Larios. O quizá la autoridad competente ha gastado todo el librillo de papel de fumar en cogerse el patrimonio con los mosaicos de Invader.

La intervención del artista francés en las calles en la ciudad acaba de cumplir un año y en ese tiempo el asunto ha ofrecido tantos giros de trama que todavía deja tela que cortar. Y mosaicos por quitar. Esta semana han caído dos hasta convertirse en un puñadito de escombros. Los han retirado los propietarios particulares de dos de los inmuebles que un día amanecieron con una pieza de Invader pegada a su fachada. El testimonio de ambos propietarios ofrece coincidencias ilustrativas. Ambos veían pocas pegas en mantener el mosaico, pero ambos han tomado la iniciativa de retirarlo por sus propios medios ante la carta del Ayuntamiento recibida hace unos días en la que les daba dos semanas para quitar el mosaico con dos opciones a elegir: o retiraban ellos las cerámicas o las extraían los operarios municipales, con una minuta de 2.700 euros a cuenta de los particulares. La amenaza de semejante factura se sumaba a las visitas de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, a la citación judicial para el proceso abierto por un posible delito contra el patrimonio histórico y a otros dolores de cabeza traídos por el gresite del demonio. Así que ambos decidieron resolver el asunto de una manera menos costosa y también menos cuidadosa para la pieza. Tabla rasa en la fachada y a seguir viviendo.

La decisión de los propietarios resulta comprensible desde su hartazgo, pero también sirve para ofrecer un nuevo retrato de la mezquindad, la cortedad de miras y el catetismo salvaje que campa en los despachos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Veamos. Invader colocó hace un año 29 mosaicos en distintos puntos de la ciudad. De ellos, 15 estaban en el centro histórico y de esos, dos aparecieron en sendos edificios declarados Bien de Interés Cultural. La acción de Invader en la ciudad encontraba como telón de fondo el proyecto del CAC Málaga para organizar una exposición sobre su trabajo. Y ahí empezó a enmierdarse el asunto. Recuerden, el CAC depende del Ayuntamiento (PP) y las competencias en protección del patrimonio son de la Junta de Andalucía (PSOE). Mandanga de la buena para muchos meses.

Por supuesto que la ley está para cumplirla y que la acción de Invader merece la actuación de oficio de la Junta, del Seprona y de la Fiscalía de Medio Ambiente, pero cabe plantear que esa labor de vigilancia, control y reparación se hubiera centrado en los dos inmuebles declarados Bien de Interés Cultural. La Junta, sin embargo, jugó fuerte sus cartas, planteó que todo el centro histórico está sometido a protección y con ese argumento reclamó la retirada de los 15 mosaicos allí instalados sin permiso, la inmensa mayoría de ellos con un impacto visual sobre el paisaje digno de un pasatiempos de buscar las siete diferencias. Seguimos a la espera de la aplicación de semejante celo en la antigua judería y las inmediaciones de San Felipe Neri, en la trastienda del Teatro Cervantes y en el Convento de la Trinidad, joya renacentista propiedad de la Junta, Bien de Interés Cultural y sometido a un feroz abandono desde hace décadas. Y sólo una pregunta más, señoría: ¿Habría actuado la Junta de igual modo si Invader hubiese llegado de la mano, pongamos, del Museo Picasso Málaga?

Claro que tampoco la gestión municipal ha sido para tirar cohetes. Primero optaron por la soberbia, después miraron para otro lado y por último pusieron a los afectados a los pies de los caballos con un requerimiento quizá ajustado a derecho, pero pueril y cobarde. Veamos de nuevo. Argumentan en el Ayuntamiento que han planteado una factura de 2.700 euros porque es lo que cuesta quitar un mosaico de Invader de modo que pueda conservarse. Así que, dando por bueno ese cálculo, mantener los quince mosaicos del centro histórico para incorporarlos al patrimonio municipal tendría un coste de 40.500 euros, pecata minuta para la ciudad genial, capital de la cultura y urbe mundial de los museos. Además, un vistazo rápido en un puñado de webs especializadas aclara que ese puede ser el precio de mercado de uno sólo de los mosaicos. Pero no. Porque sostiene el Ayuntamiento que la asesoría jurídica municipal ha desaconsejado esa retirada armonizada. Y se ve que ha sido del todo imposible llegar a una solución consensuada con los vecinos afectados y con la autoridad competente. Mucho mejor que cada dueño aguante su mosaico, sin información ni asesoramiento por parte de las administraciones públicas. Sólo requerimientos y amenazas. Porque aquí somos muy de sálvese quien pueda, agarrado a una tabla rasa.

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