Vía libre a la adjudicación del CAC Málaga

El nuevo contrato para la gestión del CAC tiene una duración de cinco años. /Ñito Salas
El nuevo contrato para la gestión del CAC tiene una duración de cinco años. / Ñito Salas

La mesa de contratación aprueba la licitación a concesionaria del centro de arte desde su apertura

Antonio Javier López
ANTONIO JAVIER LÓPEZ

La mesa de contratación del concurso para la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) durante los próximos cinco años ha ratificado su propuesta de adjudicación a la empresa Gestión Cultural y Comunicación, concesionaria del centro de arte desde sus orígenes. La decisión de la mesa debe ser aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga y todo indica que ese trámite podría cumplirse en la reunión de dicho organismo prevista para este viernes. Una vez dado ese paso, el procedimiento abre un periodo de quince días hábiles para que el resto de licitadoras puedan presentar alegaciones, escenario que parece más que probable a la luz de los testimonios recabados entre varias de las empresas presentadas al concurso.

El acta de la última reunión de la mesa de contratación da cuenta de las deliberaciones realizadas en torno a los dos asuntos que quedaban pendientes antes de ratificar la adjudicación planteada el pasado 12 de abril: de una parte, la titularidad de Gestión Cultural y Comunicación, una vez que su máximo responsable, Fernando Francés, abandonara la compañía durante este concurso para convertirse en secretario general de Museos e Innovación Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y en segunda instancia, y como consecuencia de lo anterior, la posible incompatibilidad de Francés para estar presente en una empresa participante en un concurso público y, al mismo tiempo, ocupar un alto cargo en una administración pública.

En ambos casos, la mesa de contratación falla a favor de Gestión Cultural y Comunicación y despeja el camino para que siga llevando las riendas del CAC Málaga. El acta se detiene en el documento notarial del 30 de abril de 2019 que eleva a público el acuerdo del 12 de febrero para la ampliación de capital de Gestión Cultural y Comunicación, por el que José Luis Díaz Noriega pasa a ser el propietario del 94,95% del capital de la compañía y Fernando Francés García ostenta el 5,05% restante, a través de la sociedad Gestión e Inversión El Museo S.L., de la que es socio único.

En este sentido, el acta de la mesa establece: «A fecha último día de presentación de proposiciones (17.12.2018) el Sr. Francés era administrador único y participe único de la empresa propuesta como adjudicataria, Gestión Cultural y Comunicación, S.L., con CIF B39304878, y aún no había sido nombrado alto cargo de la Junta de Andalucía, por lo que, no está en situación de incompatibilidad. El Sr. Francés es nombrado Secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, el día 12 de febrero de 2019, con efectos a partir del día de su publicación en el BOJA, 14 de febrero de 2019».

«Desde el día 30 de abril de 2019 -sigue el documento-, la participación de D. Fernando Francés García en el capital social de Gestión Cultural y Comunicación, S.L., con CIF B39304878, a través de la sociedad Gestión e Inversión El Museo S.L., es del 5,05%, no estando, tampoco, en situación de incompatibilidad, ya que, la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, en su artículo 5, compatibilidad con la administración del patrimonio personal o familiar, dice textualmente: 'Las actividades derivadas de la mera administración del patrimonio personal o familiar no están sujetas a lo dispuesto en el artículo 3, salvo el supuesto de participación superior al diez por ciento entre el titular del alto cargo, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro, hijos menores y personas tuteladas en el capital de sociedades que tengan conciertos, contratos o concesiones de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local. Participación superior al 10% que se recoge, también, en el Decreto 176/2005, de 26 de julio, que desarrolla la Ley», establece la mesa.

Efectos retroactivos

Acto seguido, el documento al que ha tenido acceso SUR explica que la mesa de contratación ha pedido asesoramiento a la sociedad F & J Martin Asesores Legales y Tributarios, S.L. Dicha firma argumenta que los acuerdos de una junta general de accionistas, una vez elevados a escritura pública «retrotraen sus efectos a la fecha de adopción de los acuerdos» y que «la inscripción de una escritura pública en el Registro Mercantil, supone que dicho documento ha sido calificado por el Registrador Mercantil, calificación que, únicamente, puede ser anulada por un Tribunal de Justicia».

De este modo, da por válida la ampliación de capital y venta de acciones de Gestión Cultural para no incurrir en incompatibilidades ni la compañía ni el actual secretario general de la Consejería de Cultura. Dicho por la propia mesa: «En consecuencia, el Sr. Francés, tampoco, está en situación de incompatibilidad, desde el día 12 de febrero de 2019, fecha de adopción del acuerdo de ampliación de capital de Gestión Cultural y Comunicación, S.L. en Junta General Extraordinaria y Universal y hasta el día 30 de abril de 2019, fecha de elevación a escritura pública del citado acuerdo».

Asimismo, la mesa ha realizado una consulta para concretar si el cambio en el accionariado de Gestión Cultural afecta a su situación como empresa clasificada para participar en concursos públicos: «El Secretario de la Mesa, cumpliendo con el acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 11 de junio de 2019, informa al resto de sus miembros que se ha consultado, telefónicamente, al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público si las modificaciones producidas en la entidad Gestión Cultural y Comunicación, S.L., pueden afectar a la clasificación concedida y en vigor hasta el día 1 de enero de 2020, a lo que se ha respondido que en principio no tienen por qué afectar».

Pese a todo, a la historia del concurso del CAC Málaga aún parecen quedarle varios capítulos por delante. "El resultado de la puntuación de la Mesa de Contratación y gracias a penalizaciones y rigurosidad con algunos participantes y no con otros deja al Ayuntamiento ante la situación de contratar a unos de los peores proyectos (según la evaluación de los expertos) y a uno de los mas caros", sostenía el representante de una de las licitadoras, que anuncia su intención de presentar alegaciones a la decisión de la mesa de contratación.