El juez cita a Fernando Francés como investigado por los mosaicos de Invader

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga presentó en enero una querella contra Fernando Francés, que ayer declinó hacer declaraciones a este periódico, e Invader por un presunto delito contra el patrimonio histórico artístico por la 'invasión' del artista urbano nacido en París. Para la Fiscalía, Francés, en su condición de director del CAC Málaga –espacio de titularidad municipal y gestionado por la empresa Gestión Cultural y Gestión S.L., que dirige Francés– «se concertó» con Invader «para la colocación de los mosaicos, siendo a su orden que el Centro de Arte Contemporáneo cursó las solicitudes de autorización para dicha actuación a los diversos propietarios de los edificios, solicitudes que en la mayoría de los casos obtuvieron respuesta negativa». A pesar de ello, según la Fiscalía, «se llevó a cabo la colocación de los citados mosaicos».

Ahora, el juez considera que los hechos objeto de la querella por daños contra el patrimonio histórico «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», según el auto al que ha tenido acceso este periódico, firmado el 6 de abril. Según el Código Penal, las penas por el presunto delito por alteración grave de edificios singulares o daños a elementos del patrimonio histórico está sancionado con penas que pueden ir desde una multa a una condena de seis meses a tres años de prisión.

Ante la posible infracción penal, el magistrado ordena varias diligencias previas y una serie de pruebas, entre las que figuran la declaración de Fernando Francés en calidad de investigado el próximo 11 de junio.

También se pide que se libre oficio al equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil que ha investigado hasta ahora la 'invasión' el artista galo para que «continúen con las gestiones para la plena identificación del querellado conocido como Invader».

El magistrado también acuerda que se tome declaración a los perjudicados por la colocación de los mosaicos, el día 7 de dicho mes, requiriéndoles para que «aporten presupuestos o facturas de posibles perjuicios». Además, se pide a la Policía Local que dé cumplimiento a lo solicitado «respecto de las grabaciones que puedan existir».

También se insta a que técnicos de la Delegación de Cultura de la Junta realicen diferentes informes: sobre la consideración del centro histórico como BIC, la legislación y el grado de protección; sobre la catalogación como tal, en la categoría de monumentos, del Palacio Episcopal y el de Salinas, así como «el coste de restauración de los distintos edificios afectados por la colocación de los mosaicos a su estado original».

Antes de llegar a los juzgados, los mosaicos han alimentado la polémica ciudadana sobre los defensores y detractores de la intervención y el enfrentamiento institucional entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. Desde la aparición de los mosaicos, ambas administraciones han mantenido un pulso sobre la actuación ante estas piezas de arte urbano. Así, mientras los responsables municipales abogaban por su conservación –hay un total de 29 mosaicos de Invader por toda la ciudad–, la Junta de Andalucía –que tiene las competencias en la protección del patrimonio histórico– mantenía lo contrario y pedía la eliminación de 15 mosaicos, es decir, todos los instalados en fachadas de distintos inmuebles del centro de Málaga que, como conjunto histórico, está reconocido como BIC.