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Maribel Tocón y José Ortiz, en una imagen de archivo. mIGUE fERNÁNDEZ
Torremolinos recurre la suspensión cautelar de su PGOU y pide 110 millones de indemnización

Torremolinos recurre la suspensión cautelar de su PGOU y pide 110 millones de indemnización

El Ayuntamiento considera que la decisión del TSJA causa un daño «incalculable» en el desarrollo de la ciudad

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Viernes, 30 de octubre 2020, 14:27

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Torremolinos pondrá toda su artillería a disposición de la batalla judicial iniciada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspendiera de forma cautelar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La segunda teniente de alcalde, Maribel Tocón, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento ya ha recurrido la decisión, además de solicitar una garantía de 110 millones de euros en concepto de indemnización a la parte demandante, formada por las empresas que presentaron alegaciones al plan por disconformidad con los accesos previstos en el parque comercial y de ocio que preveía construir Intu al norte del Palacio de Congresos. La inmobiliaria Sociedad Azucarera Larios también alegaba que no se ha tramitado de forma correcta la evaluación ambiental estratégica y reclama que prevalezcan «los intereses medioambientales sobre los urbanísticos».

Tocón considera que la suspensión puede dañar «de forma incalculable» el desarrollo de la ciudad, argumento con el que la coalición de gobierno entre el PSOE y Adelante Torremolinos justifica su petición económica. La concejala de Urbanismo se muestra «sorprendida» por la paralización de un plan que «paradójicamente» es más garantista en términos medioambientales que el aprobado en 1996, documento al que Torremolinos deberá volver a someterse en caso de que el recurso interpuesto no prospere. La también portavoz socialista entiende que las demandas interpuestas «responden simplemente a criterios mercantiles», ya que los intereses de ambas sociedades «se podrían ver agravados en caso de que Intu desarrolle el centro comercial y de ocio». Este último punto está en el aire después de que la promotora matriz entrase en concurso de acreedores.

Desde el Consistorio denuncian además que la suspensión afecta «a todo el territorio» pese a que la demanda se refiere únicamente «a menos del diez por ciento» del municipio. Tocón insiste en que los técnicos «siempre siguieron las instrucciones» de la Junta de Andalucía al presentar la evaluación ambiental estratégica, una situación «que podría afectar a más de una docena de municipios de la provincia». El PGOU, aprobado el año pasado tras más de una década de vaivenes administrativos, supone una de las principales conquistas del equipo de José Ortiz desde su llegada a la Alcaldía en 2015.

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