Torremolinos aprueba una ordenanza para evitar los excesos de las terrazas

En las zonas declaradas singulares, mesas y sillas deberán tener «una especial calidad». /SUR
En las zonas declaradas singulares, mesas y sillas deberán tener «una especial calidad». / SUR

El Ayuntamiento establece «zonas singulares», como La Carihuela, la Cuesta del Tajo o el nuevo centro peatonal, donde mesas y sillas deberán «ir a juego»

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Torremolinos quiere frenar la creciente ocupación hostelera y comercial de su vía pública, especialmente en las zonas recién peatonalizadas, como la plaza Costa del Sol y la avenida Palma de Mallorca. El Ayuntamiento acaba de aprobar la reforma de la ordenanza que regula la instalación de mesas, sillas, toldos y carteles o luminosos en sus calles, un reglamento que contempla multas de entre 750 y 3.000 euros por el incumplimiento de la ocupación permitida. La principal novedad introducida en la normativa local reside en la delimitación de tres zonas singulares correspondientes al centro, donde se incluye la nueva zona peatonal; la Cuesta del Tajo y el Bajondillo, con calle Peligro, y La Carihuela, que contempla el paseo marítimo y plazas míticas como el Remo.

En estas zonas declaradas singulares, el mobiliario urbano colocado por bares y restaurantes deberá tener «una especial calidad, con características homogéneas», de modo que las mesas «irán a juego con las sillas». Los colores permitidos por el Consistorio oscilan entre el blanco «roto o crudo» hasta el «rosa salmón, verde pistacho o celeste». Este mobiliario podrá ocupar como máximo un 50 por ciento del ancho de vía y dejar pasos peatonales mínimos de dos metros. Fuera de estas zonas podrá autorizarse mobiliario «de coste más económico». En las aceras inferiores a dos metros no se permite ningún tipo de ocupación. Cuando la ordenanza lo permita, los establecimientos no podrán exceder el 25 por ciento del ancho de la calle a contar desde la fachada.

El espacio ocupado por las terrazas también deberá respetar, con al menos dos metros de distancia, las paradas de vehículos de servicio público, las zonas de carga y descarga o los estacionamientos para personas con movilidad reducida. Este límite se reduce a 1,5 metros en el caso de los pasos de peatones y un metro para los bordillos de la acera con la calzada. El Ayuntamiento prohíbe además la instalación de productos destinados a la venta colgados de toldos o fachadas ni sobre el suelo.

En La Carihuela, una de las zonas más turísticas de Torremolinos, ningún elemento podrá volar sobre el paseo marítimo salvo los rótulos de los establecimientos, que no podrán sobresalir desde la alineación exterior de las terrazas. También hay un artículo específico para la plaza Costa del Sol y parte de la avenida Palma de Mallorca, recientemente peatonalizadas y donde no se permitirán expositores con mercancías. Las mesas y sillas sólo serán permitidas en las inmediaciones de los locales según la configuración de las jardineras que ya delimitan el espacio destinado a las terrazas y que en ningún caso puede ser sobrepasado.

La ordenanza incluye las alegaciones presentadas por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos (ACET), que en la Mesa del Comercio del Consistorio propuso varios cambios. Su presidente, Juan Vallejo, incide que en que «habrá que negociar caso por caso, porque hay locales que tienen farolas o fuentes cerca». También Carrefour incluyó una alegación para que el Ayuntamiento aumentara la altura permitida para las banderolas de los grandes centros comerciales.

La delegación de Inspección y Disciplina Urbanística, que desde el cambio de legislatura dirige la concejala Maribel Baeza, ya ha levantado decenas de actas, algunas de ellas con multas, en los últimos meses. Las sanciones se han hecho notar especialmente en la Carihuela, donde varios bares incumplen la normativa municipal relativa a la ocupación de vía pública, la plaza Costa del Sol y la Cuesta del Tajo.

La ordenanza ya ha sido publicada por el Boletín Oficial de la Provincia, momento en que entró en vigor. El Ayuntamiento no descarta agilizar la tramitación de multas con el objetivo de evitar que, como ocurre hasta ahora, los establecimientos incumplan la normativa de ocupación al resultar rentable pagar una pequeña cantidad, que en el caso de las infracciones leves apenas asciende a 750 euros, por el tiempo que transcurre entre la notificación y el pago de la sanción.