Piden 28,6 años de cárcel para los acusados de secuestrar a cuatro personas tras una pelea en Torremolinos

Imagen de archivo de la avenida de los Manantiales en Torremolinos. /SUR
Imagen de archivo de la avenida de los Manantiales en Torremolinos. / SUR

El fiscal, que pide la expulsión del país de los procesados, asegura que se presentaron en un restaurante, les obligaron a subir a una furgoneta y les exigieron 10.000 euros para su liberación

Alvaro Frías
ALVARO FRÍAS

La Fiscalía de Málaga ha solicitado 28,6 años de prisión para varios acusados de secuestrar a cuatro personas tras una pelea en Torremolinos. El Ministerio Público asegura que los procesados se presentaron en el restaurante en el que estaban las víctimas, las obligaron a subirse en una furgoneta y les exigieron el pago de 10.000 euros para su liberación.

Los hechos se remontan a abril de 2014. En la madrugada del día 20, sobre las 04.00 horas, las cuatro víctimas, todas de nacionalidad china y en compañía de otros amigos, se pelearon con un grupo de otros compatriotas en la avenida de Los Manantiales de Torremolinos, según se indica en el escrito de acusación, en el que se precisa que se presentó una denuncia en la que se identificó a uno de los supuestos secuestradores como integrante del bando contrario.

El representante del Ministerio Público afirma que, durante la madrugada siguiente, el denunciado se presentó con otros cuatro compatriotas en el restaurante en el que se encontraban las víctimas, situado en la misma localidad. Su objetivo era, según apunta, sacarles 10.000 euros para darse por compensados por la pelea de la madrugada anterior.

Como no consiguieron su objetivo, aprovechando su superioridad numérica y amenazando con agredirles, continúa el fiscal, los procesados lograron que las víctimas se subieran a una furgoneta en la que fueron trasladadas hasta un apartamento en Benalmádena. Allí, presuntamente, les advirtieron de que de no pagar los 10.000 euros o 2.000 euros por cabeza, no les dejarían en libertad.

En la vivienda, el representante del Ministerio Público asegura que esperaban dos personas más, que estaban al corriente del plan y ayudaron a custodiar a las cuatro personas secuestradas. Al parecer, una de las víctimas no tardó en derrumbarse ante las presiones.

En el escrito se recoge que, varias horas después, fue a un banco para sacar el dinero y pagar así su libertad. El fiscal dice que la víctima lo hizo acompañada por uno de sus captores, extrayendo de la caja 1.200 euros en efectivo y del cajero otros 800 que entregó al procesado. Tras ello, habría sido conducida de nuevo a la vivienda, en la que aguardaba otro de los denunciantes.

Las otras dos víctimas iban camino de Málaga capital para, supuestamente, realizar el pago. Una de ellas había contactado con su prima y su tía explicándoles la situación en la que se encontraba, así como sus amigos, pidiéndoles que reunieran el dinero exigido. El representante del Ministerio Público señala que, mientras uno de los familiares fue al punto acordado para entregar la suma exigida, el otro fue a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y denunció lo que estaba ocurriendo.

En plena calle Larios se habría hecho la transacción económica. El fiscal asevera que se pagaron 2.000 euros, por lo que se liberó a una de las víctimas, mientras que los procesados se marcharon con otra, aunque fueron detenidos cuando circulaban por la Alameda por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, quienes liberaron a la otra persona secuestrada.

Mientras todo esto ocurría, en la vivienda de Benalmádena, las dos víctimas fueron liberadas, una de ellas tras realizar el pago. Como los agentes ya vigilaban el apartamento, lograron detener a dos de los sospechosos cuando abandonaban el mismo. En total, se practicaron seis arrestos y se intervinieron numerosos móviles, dinero en efectivo y diversas armas, como machetes.

El fiscal, siempre según se recoge en su escrito de acusación, considera que los cuatro principales procesados en esta causa –aquellos que supuestamente acudieron con la furgoneta al restaurante a por sus compatriotas– son responsables de cuatro delitos de secuestro. Por ello, pide que sean condenados a 28,6 años de cárcel, además de que se les prohiba comunicarse con las víctimas durante diez años.

Para las dos personas que, presuntamente, esperaban en la vivienda y ayudaron a custodiar a los denunciantes, pide que sean condenadas a 14 años y nueve meses de prisión, así como a diez sin poder aproximarse a los perjudicados.

Finalmente, el representante del Ministerio Público pide a los magistrados de la Audiencia que juzgarán este caso que, si la pena de cárcel que imponen tras el juicio es inferior a cinco años, que la sustituya por la expulsión de los procesados. Si es superior, solicita que tome esta misma decisión cuando obtengan el tercer grado, además de que no puedan regresar al país durante diez años.