Margarita del Cid: «El pago de más de 35 millones a FCC hubiera supuesto la incapacidad absoluta de Torremolinos»

La primera de las resoluciones de la Justicia da la razón a la compañía, ante una exigencia económica derivada de su etapa como adjudicataria de la recogida de basura en la ciudad torremolinense. Esta suma, calculada, por lo tanto, conforme a las supuestas obligaciones contraídas hace dos décadas, alcanza los 19 millones de euros, con lo que, añadidos los intereses, da como resultado casi el doble, tal y como ha puntualizado Del Cid.

El origen del litigio esté en una momento convulso, con varias huelgas de basura en 1994 por supuestos impagos del Ayuntamiento, gobernado por el socialista Miguel Escalona, a la concesionaria. Ya en 1995, con Pedro Fernández Montes, del PP, con la vara de mando, se rescata esa concesión y de ahí surge la creación de Litosa y la municipalización de la recogida de residuos y limpieza viaria.

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Al romperse la relación con la Administración local, FCC defiende que esta tiene deudas pendientes y, en 2004, todavía con Fernández Montes, el Gobierno local opta por suscribir un convenio con la sociedad para paralizar las exigencias económicas a cambio de la entrega de unos suelos municipales, en La Leala. Finalmente, este acuerdo es neutralizado en los tribunales, al acudir a estos la Junta que considera que sus términos vulneran la ley. A partir de ahí, FCC recurre a los juzgados para que se abone lo que considera que es suyo y es cuando, a comienzos del pasado año, llega el auto finalmente tumbado por el TSJA, tras recurrirlo el letrado municipal.

«Hemos conseguido que nuestros argumentos sean escuchados. Hemos conseguido que, después de décadas, hayamos salvado al Ayuntamiento de un asunto que fue mal gestionado desde el principio. Mal gestionado por quien entonces generó un problema con la concesionaria de limpieza. Mal gestionado por quien intentó compensar esta problemática con patrimonio municipal de suelo. Y mal gestionado por el último equipo de Gobierno socialista», ha asegurado la alcaldesa. Y es que se ha mostrado especialmente crítica con la gestión de estos últimos, ya que, como ha desvelado, para dar por buena la deuda, FCC basaba parte de su estrategia judicial en «la auditoría que encargó el PSOE en 2017 y a un decreto de Urbanismo, de diciembre de 2016, en el que, no sabemos por qué, la señora Tocón (la actual portavoz socialista y, entonces, concejala del Gobierno municipal de ese área) debería explicarlo, se hacía referencia a un concepto jurídica y administrativamente muy poco sólido, deuda no contabilizada».

Contra el dictamen del TSJA cabe recurso de casación, aunque la alcaldesa se ha mostrado confiada de que el asunto queda zanjado a favor de Torremolinos, dada «la solidez» de la postura del Alto Tribunal andaluz que entiende que no puede darse por real una deuda que, en momento alguno, ha sido reconocida, a pesar de la existencia de varios litigios en los que se reclame. Igualmente, con lo establecido por la más alta instancia judicial andaluza, queda claro que los suelos, con los que se iba a resarcir a FCC, son claramente de titularidad municipal.

Para dar una idea del quebranto para las arcas municipales que hubiera supuesto el abono de más de 35 millones de euros a FCC, la cantidad es superior, como ha indicado la alcaldesa, a la deuda que el municipio mantiene con Málaga, después de que el tribunal condenara al Consistorio torremolinense a abonar 9,87 millones más los intereses devengados desde 1997, en concepto de limpieza, recogida de basura y uso del vertedero hasta 1990.