La concejala de Cultura saca su coche de la grúa sin pagar el depósito ni la multa

Blanes, en una imagen de archivo. /SUR
Blanes, en una imagen de archivo. / SUR

Aída Blanes estacionó su vehículo en una zona reservada para la Policía Local y se marchó del parking sin abonar la tasa de arrastre

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos, Aída Blanes (PSOE), podría pagar caro el aparcamiento en la noche del Carnaval LGTBI, celebrado el 9 de marzo en la plaza de La Nogalera. Según un informe al que este periódico ha tenido acceso, la edil estacionó su vehículo en una zona reservada para la Policía Local, que retiró el coche y lo trasladó hasta el depósito municipal tras comprobar que carecía de autorización oficial. Blanes acudió hasta este depósito, en el parking llamado El Congreso, a las dos de la mañana, después de que acabara la gala que coronó a la Drag Queen 2019, acto donde entregaba el premio principal. Llegó en un coche policial, acompañada de tres agentes. Uno de estos policías solicitó la apertura de la cancela y pidió a Blanes que pagara la tasa de la grúa, pero la concejala se negó y abandonó el depósito con su vehículo.

Al día siguiente, sobre las tres de la tarde y tras una conversación con el jefe de la Policía Local, Blanes se presentó para pagar la factura de la grúa de la noche anterior. Esa misma madrugada se trasladó hasta el aparcamiento una unidad policial para solicitar información sobre lo ocurrido y documentación, como una copia de la factura que les fue entregada. El PP, en la oposición, ya ha denunciado el asunto y exige explicaciones al equipo de Gobierno, presidido por el alcalde José Ortiz. El vehículos retirado no pertenece a Blanes sino a un familiar, siempre según las fuentes consultadas. Los concejales y el primer edil disponen de autorizaciones oficiales para estacionamiento y las matrículas de sus coches están registradas en Tráfico, algo que no ocurría con el vehículo aparcado por la edil de Cultura.

Ramón del Cid, concejal del PP, acusa a los socialistas de haber intentado «que el asunto no saliera a la luz abonando la tasa de arrastra, pero las ordenanzas municipales obligan a otro procedimiento». El edil popular, primer teniente de alcalde en anteriores legislaturas, asegura que el Ayuntamiento no ha facilitado información sobre el incidente: «Imagine que alguien llega al depósito municipal y dice: 'Deme usted mi vehículo, que me lo llevo y ya pagaré. Eso no es concebible y va en contra de la ordenanza municipal, aunque las noticias que tenemos es que el hecho ha ocurrido de esta forma».

Blanes pagó la tasa de la grúa al día siguiente, tras una conversación con el jefe de la Policía Local

SUR ha intentado ponerse en contacto sin éxito con Blanes. Fuentes municipales sostienen que la concejala socialista no hará declaraciones por respeto al procedimiento interno iniciado para esclarecer los hechos, objeto de un informe jurídico que este periódico también ha solicitado, sin que por el momento se le haya facilitado su contenido. Del Cid afirma haber pedido acceso al expediente, que ha sido declarado reservado por el concejal de Seguridad, el propio Ortiz. Desde el PP sostienen que «estamos antes una serie de hechos que no queremos calificar, pero que resultan extraños porque la Policía Local no está para que un concejal, en un momento determinado, la utilice como taxi».

La información a la que ha accesido SUR revela que Blanes mantuvo una conversación «de varios minutos» con uno de los agentes, que le solicitó que pagara la tasa de la grúa antes de retirar el vehículo, como establece la ordenanza. La concejala socialista salió finalmente del aparcamiento sin abonar ni la multa ni la grúa, una situación que el PP baraja llevar a los juzgados.

En el último consejo de administración de la empresa municipal Samset, encargada de la gestión del servicio de grúa municipal, el PP preguntó al concejal socialista César Carrasco, presidente del consejo, por estos hechos. El edil socialista tampoco ofreció una respuesta. Del Cid considera que «de ser cierto, esta concejala habría incurrido presuntamente en un delito de abuso de poder, y el alcalde podría estar retrasando el informe sobre lo sucedido por motivos partidistas antes de las elecciones nacionales y municipales». Desde el PP insisten en exigir a Ortiz «celeridad en la respuesta y en el acceso al expediente» para aclarar lo sucedido.