Torremolinos paga 31.000 euros por humillar a una funcionaria en 2009

Una sentencia confirmó hace un año «los agravios y abusos» ejercidos por el anterior Gobierno local./SUR
Una sentencia confirmó hace un año «los agravios y abusos» ejercidos por el anterior Gobierno local. / SUR

El Ayuntamiento abona la indemnización después de que un juez reconociese «los abusos» del anterior Gobierno del PP contra la exsecretaria municipal

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Las humillaciones a las que fue sometida la exsecretaria municipal por parte del anterior Gobierno local le han costado 31.805 euros al Ayuntamiento de Torremolinos. Los hechos se remontan a 2009, cuando la funcionaria mantuvo una discusión con el entonces alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), por discrepancias en torno a un procedimiento municipal. La trabajadora había mostrado su desacuerdo con la composición del tribunal calificador para la designación de las plazas de vigilante de playa y con la venta a una empresa privada del 95 por ciento de las acciones de la sociedad pública que gestionaba el agua. El exregidor le abrió un expediente por supuesta desconsideración hacia un superior (el propio alcalde) y hacia un subordinado. La secretaria fue apartada de sus funciones de forma cautelar durante la resolución del expediente, instruido por Margarita del Cid, actual portavoz y candidata del PP. La suspensión pasó a ser definitiva en 2010 al ratificarse por el pleno con el único voto a favor del PP, por entonces con mayoría absoluta, y la negativa del PSOE e IU.

La trabajadora llevó el asunto a los tribunales, que meses después le dieron la razón al declarar nula y sin efecto la decisión del Ejecutivo presidido por Fernández Montes. La batalla judicial, sin embargo, se prolongó hasta el año pasado, cuando un juez sentenció que el expediente fue abierto «para evitar la actuación objetiva de la funcionaria» en relación con la venta de activos de la empresa pública de aguas. La sentencia recogía que el procedimiento estuvo plagado de «agravios, humillaciones y actos atentatorios contra la dignidad personal y profesional» de la entonces secretaria municipal. Estos hechos, según la condena, produjeron «consecuencias en la salud psicológica y psiquiátrica» de la demandante, «así como en su honorabilidad y buen hacer profesional».

La funcionaria fue apartada al mostrar discrepancias con dos procedimientos

El juez consideraba que el expediente, que resumió como «un conjunto de abusos», supuso «una evidente extralimitación de la encomienda del servicio público» y se mostró muy sorprendido por la actuación de Fernández Montes y su equipo de gobierno: «Causa sonrojo a este juez el palmario interés del alcalde en sacar a la entonces secretaria general de sus funciones a la vista de la operación de venta de activos de la empresa municipal de aguas». El pasado viernes, once meses después de esta resolución judicial, el Ayuntamiento aprobó una transferencia a la trabajadora por un importe superior a los 31.000 euros.

En cuanto a la indemnización, el juez se basó en la documental médica aportada por la denunciante, donde quedaba probado que estuvo 202 días de baja por incapacidad. A este hecho corresponden 10.839 euros de la sanción impuesta al Consistorio. La cantidad restante obedece, según la sentencia, «a los desmanes causados a instancia de Pedro Fernández Montes». El juez justificó esta cantidad en la necesidad de «paliar el evidente menoscabo público de la imagen de la funcionaria, que acarreó incluso un cambio de destino». La empleada pública trabaja desde hace años en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, gobernado por Joaquín Villanova (PP), sin problemas de ningún tipo. La indemnización no ha tenido lugar hasta ahora porque el Ayuntamiento recurrió la sentencia que declaraba nulo de derecho el expediente abierto contra la funcionaria, prolongando el procedimiento judicial hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó íntegramente el fallo. El juez también criticaba este punto al afirmar que el Consistorio alargó innecesariamente la medida disciplinaria, que no quedó totalmente anulada hasta el pronunciamiento del TSJA.

El pleno aprobó el año pasado una acción de regreso planteada por el PSOE, que gobierna en minoría, para que la indemnización sea abonada por los responsables del expediente, en clara alusión a Del Cid. Este procedimiento aún no ha concluido, según explica la portavoz socialista, Maribel Tocón, que solicita a Del Cid, como instructora, «que asuma el perjuicio económico derivado de esta sentencia para que no tengan que pagarla todos los torremolinenses».