Los servicios jurídicos de Mijas pidieron paralizar la subasta revocada por el TSJA

Los servicios jurídicos de Mijas pidieron paralizar la subasta revocada por el TSJA

El área de Hacienda continuó con la adjudicación a pesar de que el abogado de los afectados probó que no habían sido notificados

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

La primera sentencia en firme que obliga al Ayuntamiento de Mijas a restituir un inmueble adjudicado de manera directa en lo conocido como 'caso Subastas' provocó ayer en el Consistorio un enorme revuelo. Según fuentes consultadas, la cifra de casos similares que se están investigando están cerca del centenar, por lo que podrían empezar a caer todas en cascada mientras se mantiene la investigación en términos penales.

Por si esto fuera poco, SUR ha podido saber que en el caso de la subasta que ha sido anulada, los servicios jurídicos del Ayuntamiento pidieron paralizarla sin que el área de Hacienda hiciera caso.

En concreto, el 26 de diciembre de 2014 el Consistorio adjudicó esta vivienda valorada en 246.409 euros a una mercantil por un total de 80.025 euros por el impago de una deuda cuyo principal no alcanzaba los 4.000 euros. El 16 de enero de 2015 el expediente pasó a la Asesoría Jurídica municipal que informó favorablemente. Seis días después, el abogado de los propietarios principales de dicha vivienda presentaron un escrito en el Ayuntamiento mediante el cual denunciaba la nulidad de la subasta al haberse desarrollado con el desconocimiento de los deudores, por lo que solicitó la suspensión de la ejecución de los actos administrativos que puedan implicar la entrada a terceros a su domicilio hasta tanto no tuviera vista del expediente y hubieran podido ejercer su derecho de defensa.

De la misma manera, los recurrentes que residen en el Reino Unido alegaron nulidad de las notificaciones practicadas en el procedimiento de apremio al haberse practicado en la vivienda y no en su domicilio británico o en el de su representante legal en España (ambos conocidos por el área de Hacienda de la localidad).

Tras ser conocedores de estos nuevos datos que no se contemplaban en el expediente enviado a la Asesoría Jurídica, este departamento emitió un informe desfavorable respecto a la continuidad del proceso en el que aconsejaban la nulidad de la adjudicación directa para retrotraerse de nuevo a los actos de notificación para poder desarrollarlos de manera correcta. Aún así, tras las advertencias de los letrados municipales, la ejecución de la subasta siguió adelante.

Ahora el TSJA le ha dado la razón a los denunciantes y ha condenado en costas al Consistorio las cuales podrían ascender a cerca de 7.500 euros –tal como avanzó SUR este pasado lunes– a lo que habría que sumar el perjuicio económico para las arcas municipales, ya no solo al tener que devolver el importe de la adjudicación directa a la mercantil que resultó beneficiaria, sino por los daños y perjuicios que cada parte pudieran solicitar.

Ya en la primera sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Málaga señalaba en primera instancia que la propia administración tenía conocimiento de dicha situación pues así quedó reflejado en dicho informe de la Asesoría Jurídica la cual «con máxima sinceridad y en profuso y detallado informe» puso de manifiesto «lo expuesto en las líneas precedentes y las evidentes consecuencias de ellos que no quisieron ser atendidas por la administración sobre la base del informe del tesorero municipal y su magra explicación de su consideración sobre la extemporaneidad del recurso en la vía administrativa».

Fuentes municipales del gobierno local de Ciudadanos insistieron ayer en que esta es la primera sentencia que anula una subasta en Mijas anulando, a su vez, la totalidad del procedimiento de apremio «enmarcado todo ello en un caso que se encuentra en sede judicial y que mantiene investigado al ex alcalde de la localidad, Ángel Nozal», además de al tesorero municipal del Consistorio, entre otros funcionarios.

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