La Seguridad Social reclama al Ayuntamiento de Benalmádena 445.000 euros por los planes de empleo de 2020
La Inspección considera que a los beneficiarios se les debería haber aplicado el convenio del Consistorio, en lugar de percibir el SMI
Los planes de empleo que el Ayuntamiento de Benalmádena puso en marcha en los años 2019 y 2020, estos últimos en plena pandemia del coronavirus, ... van a costarle a los benalmadenses 444.850 euros más. Esta cantidad se corresponde con la diferencia entre lo que cotizaron y lo que deberían haber cotizado los beneficiarios de los programas Emple@ 30+, Emple@ 45+ y Plan Aire, además del recargo correspondiente por el tiempo transcurrido, según ha dado a conocer el Ayuntamiento de la localidad. El pago que se reclama a la administración local es fruto de la labor realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y fue notificada hace unos días, según ha comunicado el Consistorio.
Los planes de empleo afectados fueron puestos en marcha por el alcalde socialista Víctor Navas, acogiéndose a una iniciativa de la Junta de Andalucía. Los trabajadores percibieron el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en ese momento, en lugar del que establece el convenio colectivo del personal laboral de la administración local. El actual equipo de gobierno asegura que las contrataciones se efectuaron pese al reparo de legalidad que puso la Intervención municipal por no respetar los derechos salariales de los trabajadores, además de la advertencia de la Jefatura de sección de Recursos Humanos, que abogaba por la aplicación del convenio colectivo del personal laboral.
Navas: «Lo volveríamos a hacer»
El concejal y exalcalde socialista asegura que la Inspección lo que ha hecho no es más que imponer el mismo criterio que ha aplicado en «centenares de ayuntamientos en toda Andalucía, incluidos algunos gobernados por el Partido Popular, como Fuengirola, que también fue sancionado, o Málaga, donde se acabó renunciando a la contratación de 661 personas» tras una condena del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la denuncia de un trabajador. «Había una pandemia y los planes de empleo para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social dieron oxígeno a muchas familias que lo estaban pasando realmente mal; algunos ayuntamientos consideramos que la situación merecía poner en marcha esas medidas, y si estuviéramos en ese momento otra vez lo volveríamos a hacer», ha asegurado Navas.
El actual equipo de gobierno subraya que «esta situación, no esperada ni contemplada en el Presupuesto, generará un grave perjuicio económico a las arcas municipales», que se suma a los 1,2 millones de euros a cuyo pago está haciendo frente el Ayuntamiento por facturas pendientes e intereses de demora correspondientes al contrato de limpieza de edificios públicos en la etapa de la anterior Corporación. En total, más de 1,64 millones de euros, resaltan.
Por su parte, el PSOE recrimina al equipo de gobierno que no haya presentado un recurso al requerimiento de la Inspección de Trabajo y le pide que «defienda los intereses» de la localidad «en lugar de hacer como con el caso del contrato de zonas verdes, donde ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con una empresa utilizando la doctrina jurisprudencial en contra de los propios intereses» de los benalmadenses, al tiempo que acusa a los populares de «seguir poniendo el ventilador para esconder su nefasta gestión este verano en Benalmádena».
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