La reparcelación del Hipódromo de Mijas acaba con las dudas urbanísiticas en la zona

El Hipódromo no recibe competiciones desde hace ya varios años./I.G.
El Hipódromo no recibe competiciones desde hace ya varios años. / I.G.

Las últimas acciones del gobierno han permitido recuperar la titularidad del anillo deportivo y devolver a las arcas públicas un patrimonio de 30 millones

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

La construcción del Hipódromo Costa del Sol de Mijas significó una operación que iba más allá del propio espacio deportivo. Sin embargo, el ocaso de la pista, la crisis económica y una gestión deficiente (que está siendo investigada en los juzgados y en una comisión de investigación municipal) acabaron con el desarrollo urbanístico y plantearon serias dudas legales sobre el sector 24 del PGOU de Mijas.

Sin embargo, en estos últimos meses la concejalía de Urbanismo ha realizado diversas gestiones (apoyados, entre otros, por administraciones como el Consejo Consultivo) que han permitido acabar con algunas de estas dudas. Hace justo un año, el Ayuntamiento de Mijas anunciaba que había logrado salvar un patrimonio de más de 30 millones de euros gracias a la aprobación del procedimiento de revisión de oficio del Plan Parcial referente a una de las parcelas del Hipódromo, cuya titularidad estaba en manos de Recursos Turísticos, la empresa mixta encargada de gestionar el enclave de ocio y deportivo.

Unas semanas antes de este anuncio se conocía la resolución del Consejo Consultivo de Andalucía que le daba la razón al Consistorio sobre la propiedad municipal, por lo que el equipo de gobierno elevó a modo de urgencia esta propuesta para su aprobación definitiva al pleno corporativo del mes siguiente. «Vamos a recuperar esa parcela y la vamos a inscribir en el registro de la propiedad. Hemos impulsado una comisión de investigación para depurar todo tipo de responsabilidades sobre el Hipódromo, ya no solo en lo referente a materia urbanística sino también en el ámbito mercantil. Despejaremos todos los obstáculos para, de una vez por todas, poner en valor y en servicio para todos los mijeños esta zona», sostuvo entonces el alcalde, Juan Carlos Maldonado, durante la presentación de la moción.

Reparcelación

Tras la recuperación del anillo deportivo, el siguiente paso era la reparcelación de este sector C24 y los costes que ésto podría significar para los propietarios de los terrenos.

El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz, informó hace una semana escasa de que en estos días el Ayuntamiento ya está manteniendo reuniones con los propietarios de las parcelas no edificadas para informarles sobre los costes relativos al desarrollo urbanístico de este área.

«Seguimos trabajando en la reparcelación económica que impulsamos desde el departamento para poder desbloquear la situación actual. Esta actuación era muy necesaria para que las parcelas que aún están sin desarrollar urbanísticamente puedan hacerlo, así como culminar los trabajos de urbanización», explicó. Así, serán los propietarios de estos terrenos quienes tengan que abonar las cargas económicas, coste que no habrán de aportar los vecinos que ya viven en las zonas construidas.

Con esta acción se prevé que por un lado los vecinos que están en suelo ya edificado van a poder disfrutar de esos viales, equipamientos y zonas verdes que se debieron haber ejecutado en su día y no se hicieron. Por otra parte, los dueños del suelo sin construir van a poder obtener licencias de obra y desarrollar esos terrenos.

Según el Consistorio, los costes de obras y actuaciones pendientes ascienden a un total de 1,1 millones de euros. «Con esta iniciativa, una vez estén todas las cargas económicas solventadas, se podrán ya ejecutar zonas ajardinadas, acerados, alumbrado público y, en definitiva, todos los servicios que llevan tantos años demandando los ciudadanos y que han quedado pendientes de ejecutar», desgranó el responsable de Urbanismo, que añadió que cada propietario de suelo no edificado hará frente a su parte económica de manera proporcional al número de metros cuadrados que posea. Solventado, por tanto, el desarrollo de la zona, ahora será la justicia la que dirima si hubo dolo en la gestión urbanística.

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