El procedimiento judicial contra García Urbano se reanudará el 27 de noviembre

La resolución, fechada el 16 de octubre de 2025, desestima las alegaciones presentadas por el abogado de García Urbano, que el pasado 4 de junio solicitó que se declarase la existencia de un conflicto de intereses y, por tanto, la exclusión de dicho abogado del procedimiento.

Tras dar traslado a las partes y recabar informe del Colegio de Abogados de Málaga, el juzgado concluye que no existe causa que justifique el conflicto que se alega y que la participación del letrado no vulnera el derecho de defensa del investigado.

El informe del Colegio, recibido el 10 de octubre de 2025, también descartó que la actuación del abogado de Vox incurriera en incompatibilidad o riesgo de vulneración del secreto profesional.

En su escrito, el juez señala que, «a la vista de la información aportada por el Colegio de Abogados y las alegaciones de las partes, no concurren los elementos necesarios para apreciar conflicto de intereses».

El auto dispone, en consecuencia, que «no procede tener por apartado» al letrado Granados Caballero y ordena que el procedimiento continúe por sus trámites correspondientes, convocando a las partes y al Ministerio Fiscal a la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado (LOTJ) el próximo 27 de noviembre.

Con esta decisión, el juzgado mantiene activo el proceso judicial en el que se investiga al alcalde de Estepona por la presunta contratación irregular de una mujer como asesora municipal y malversación.

Antecedentes

Los hechos se remontan a febrero de 2023 cuando C.P.B. fue nombrada «asesora eventual adscrita al Área de Control Externo y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Estepona».

Según el propio Ayuntamiento, su cometido teórico era «recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano», es decir tareas de supervisión de mobiliario urbano y servicios operativos.

Sin embargo, la investigación apunta a que no consta que desempeñase actividad alguna, no se justifican tareas o resultados concretos, ni se evidencia control de registro horario o expedientes tramitados.

Así pues, el juez instructor considera que existen indicios suficientes para celebrar juicio oral por la posible utilización irregular de fondos públicos en beneficio de una persona vinculada al alcalde, lo que presuntamente podría constituir un delito de malversación de caudales públicos tipificado en el artículo 432 del Código Penal.