El PSOE denunciará ante la Oficina de Antifraude la organización sin contrato del viaje de los mayores del municipio a Granada

Según explicó el secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez, el Gobierno municipal «desistió del proceso de licitación el 12 de noviembre, dejando por tanto sin contrato una actividad que cuesta a las arcas públicas más de 435.000 euros. Tan solo cinco días después, el 17 de noviembre, ya estaba viajando a Granada el primer turno de mayores. A día de hoy, no hay ninguna vinculación contractual entre la empresa que presta el servicio y el Ayuntamiento de Mijas y esto es un hecho gravísimo que debe tener consecuencias».

Así pues, siempre según la versión de los socialistas, el viaje de mayores a Granada se ha materializado «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal», por tanto, «no está amparado por ninguna garantía jurídica, con las consecuencias que pueda acarrear esta ilegalidad».

«Ana Mata y su equipo comienzan a enseñar su verdadera cara y la razón de por qué llevaron a cabo la moción de la censura hace un año», añadió Pérez, quien aseguró que «a ellos poco o nada les importa Mijas, lo único que les interesa es seguir repartiendo arbitrariamente el dinero de todos los mijeños».

Por todo ello, el dirigente socialista pidió al gobierno tripartito de Ana Mata que «se pongan a gestionar de una vez» y que dejen de «echar balones fuera culpando al anterior equipo de gobierno de sus meteduras de pata, habéis tenido más de un año para poneros al día de las necesidades reales de Mijas y sus vecinos y vecinas». «Precisamente lo único sensato y resolutivo que ha llevado a cabo Ana Mata durante este año como alcaldesa de Mijas ha sido herencia e inercia de nuestra gestión», dijo.

Hay que recordar que desde el Gobierno local explicaron que el proceso de licitación y adjudicación del viaje se llevó a cabo conforme a establecido, pero el contrato no se llegó a formalizar porque no se llegó «en plazo». Según el equipo de Gobierno, eso «no quiere decir que no exista seguridad jurídica ni respaldo para los mayores».