El proyecto 'vivienda puente' de Benalmádena evitará que las personas en exclusión duerman en la calle

A juicio del alcalde, Víctor Navas –que presentó la iniciativa esta semana con la concejala de Asuntos Sociales, Alicia Laddaga– la administración debe realizar un esfuerzo para paliar los efectos de la crisis económica, y que por ello en el presupuesto municipal para 2021 han aumentado un 30% el gasto público. En estas cantidades han incluido una partida nueva para la creación de este proyecto de 'vivienda puente', nacido para dar cobertura a quién peor lo está pasando en estos últimos meses.

El concepto 'vivienda puente' es un recurso de emergencia para un momento determinado en el que un usuario de los servicios sociales en situación de vulnerabilidad se encuentre desamparado, y con el riesgo de tener que dormir en la calle, aportando de forma temporal un lugar en el que pernoctar hasta que se encuentre una solución habitacional. «Este proyecto está englobado dentro de la política de vivienda de emergencia que iremos explicando en las próximas semanas, y con la que queremos crear una estrategia transversal para disponer de viviendas puente para casos de necesidad extrema, además de contar con la posibilidad de financiar alquileres para quienes peor lo están pasando, y de acaparar suelo para que en el dia de mañana tener la oportunidad de crear viviendas sociales», desgranó el máximo responsable municipal.

Desde el Ayuntamiento destacan el aumento del gasto público en Bienestar Social, que se articulará en torno a transferencias directas a colectivos sociales como Afab, Abad, Afesol, Cudeca, Aecc o Asís, que «ayudarán» a la administración local a la recuperación social de la ciudad.

El regidor señaló que los denominados programas 'housing led' pueden dirigirse no sólo a personas sin hogar, sino también a personas en situación de exclusión residencial por cualquier motivo social o personal, ya que constituyen una fórmula para prevenir la situación de desamparo provocada por distintas causas, como puede ser el desahucio de la vivienda habitual, pérdida del empleo y carencia de rentas o una situación de violencia de género.

Así, el proyecto está integrado por dos viviendas semi supervisadas por un profesional, alquiladas en el mercado libre del municipio, y deben estar bien comunicadas y cercanas a servicios públicos de referencia (servicios sociales, centro de salud, transportes, etc). Una de ellas podrá estar dirigida a mujeres y otra a hombres. Excepcionalmente, el recurso se dirigirá a familias, siendo objeto del proyecto la atención de personas solas sin ningún apoyo familiar o social. El número de plazas totales será de 8, reservándose 2 de ellas a una vivienda para mujeres.

La estancia en el recurso será temporal, estableciéndose un máximo de 12 meses de estancia, siempre condicionado al cumplimiento del reglamento de régimen interno del recurso, y del plan de intervención consensuado con el técnico de referencia y los servicios sociales comunitarios. Además, se contará con el apoyo profesional de una persona contratada a jornada completa, que atenderá las dos viviendas.