La Policía investiga posibles irregularidades en contratos municipales de Torremolinos entre 2011 y 2015

Fernández Montes permanece investigado por una de las piezas de la causa. :/SUR
Fernández Montes permanece investigado por una de las piezas de la causa. : / SUR

La jueza reabre el caso y solicita al Ayuntamiento los expedientes relativos a varios procedimientos por un importe total superior a los 2,5 millones

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Los resultados de las auditorías externas practicadas sobre la gestión del Ayuntamiento de Torremolinos entre 2011 y 2015, cuando gobernaba el Partido Popular (PP) con mayoría absoluta, comienzan a salir de su atolladero judicial. Después de que el PSOE denunciara el año pasado las presuntas irregularidades detectadas por los auditores, el Juzgado de Instrucción número 5 determinó que los hechos no guardaban relación entre sí y acordó su tramitación en tres piezas separadas: contratos, subvenciones y Protección Civil. Al disponer únicamente de los oficios policiales que «corroboran» las irregularidades cometidas en Protección Civil, la jueza archivó de forma provisional las otras dos causas, para las que igualmente solicitó investigaciones policiales.

El Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía reclamó en agosto al Consistorio los expedientes de los contratos denunciados, que acumulan un importe superior a los 2,5 millones de euros. El Juzgado ha reabierto la pieza relacionada con estos contratos y continúa a la espera de que los agentes investiguen las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento en la anterior legislatura. Por el caso referente a Protección Civil, que durante años pagó salarios encubiertos a falsos voluntarios que deberían haber sido contratados como empleados según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a raíz de una denuncia de la Inspección de Trabajo, ya declararon en calidad de investigados el exalcalde, Pedro Fernández Montes; la exconcejala de Turismo y actual viceportavoz del PP, María José Jiménez, y tres trabajadores municipales.

El Ayuntamiento compró entradas de toros que luego entregó al PP, que gobernaba con mayoría

En cuanto a los contratos investigados ahora, la Policía Nacional ha dividido el caso en nueve bloques. En el primer apartado, los agentes reclaman los recibís de las 2.616 entradas para corridas de toros adquiridas por el Ayuntamiento en la anterior legislatura y entregadas a tres empresas municipales y una única formación política: el PP. También se investiga la adjudicación de la explotación de la plaza y su servicio de bar, con un canon anual de 25.000 euros en 2010, importe reducido a 1.050 euros en 2014. El segundo bloque está dedicado al contrato supuestamente exclusivo que el Consistorio mantenía con una empresa para poner en marcha las temporadas líricas de 2011 y 2012, con tres pagos de 30.333 euros abonados en efectivo.

La adjudicación de las obras de remodelación de la pista de atletismo, tramitada de forma urgente por valor de 324.172 euros «sin que esa urgencia conste en el expediente», constituye otro de los puntos de la investigación, que también abarca las mejoras en la pista de tenis y la construcción de dos pistas de pádel, contrato presuntamente fraccionado, según apuntan los auditores, por un importe total de 271.235 euros. El Ayuntamiento adjudicó igualmente, en el marco del Campeonato de Baile de 2012, un contrato de servicios administrativos (45.069 euros) y otro de organización del evento (12.738 euros) a una misma empresa.

La Policía ha solicitado además documentación relativa al contrato de publicidad e imagen firmado por el Ayuntamiento con dos sociedades distintas de forma consecutiva en 2013, por valor de 36.000 euros cada uno, dándose la circunstancia de que ambas empresas están administradas por la misma persona. Otro bloque corresponde al alquiler de un equipo de audio en 2014 por un importe superior a los 18.000 euros que no atendió al procedimiento negociado sin publicidad, incumpliendo así la normativa sobre contratación pública. De forma paralela, la investigación se centra en otras presuntas irregularidades sobre varios contratos menores incluidos en un mismo punto, como los firmados con una empresa eléctrica por valor de más de un millón de euros entre 2011 y 2014.

En todos los casos la Policía solicita, entre otra documentación, que se identifique «a la persona o personas responsables de la aprobación, tramitación o ejecución» de los expedientes investigados. Este periódico trató sin éxito de contactar con Pedro Fernández Montes, principal responsable político del Ayuntamiento durante aquella etapa, para conocer su versión de los hechos.

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