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González Márquez fue concejal del PP en la legislatura 2015-2019 SUR
Piden año y medio de prisión a un exconcejal del PP en Mijas por el 'caso Cartero'

Piden año y medio de prisión a un exconcejal del PP en Mijas por el 'caso Cartero'

La Fiscalía considera que existe un delito de denuncia falsa, pero las acusaciones particulares elevan la petición a los seis años y medio al sostener que también existe un delito de falsedad documental

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Lunes, 30 de enero 2023

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Un supuesto jubilado presentó -en plena campaña de las elecciones andaluzas de 2018- una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción sobre un presunto delito de prevaricación en el Ayuntamiento de Mijas. La consecuencia fue la inmediata imputación del entonces alcalde, Juan Carlos Maldonado (por aquellos tiempos en Ciudadanos), el actual primer teniente de alcalde, José Carlos Martín (Cs) y otra concejala del PSOE. Sin embargo, ese jubilado no existía y el delito no era tal, sino que fue un edil del PP el que presentó dicha denuncia con el único objetivo de perjudicar al ejecutivo local a sabiendas de que no había irregularidades y justo antes de acudir a las urnas.

Así lo considera el fiscal encargado del llamado desde entonces ‘caso Cartero’, y de hecho pide para este exedil, Juan Carlos González Márquez, un año y medio de prisión por un presunto delito de denuncia falsa. En el escrito de acusación -al que este periódico ha tenido acceso-, el Ministerio Fiscal asegura que el acusado presentó esta denuncia “con la única intención de perjudicar políticamente al Partido Ciudadanos de cara a las siguientes elecciones”.

Tal y como abunda el fiscal en su escrito, González Márquez sabía que el motivo denunciado tenía todas las coberturas legales, razón por la que denuncia tendría otros motivos. Estos hechos ocurrieron en 2018. El 3 de septiembre de ese año, un aparente jubilado de la localidad llamado Manuel Redondo Gámez presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga un escrito para denunciar como afectado unas presuntas irregularidades en la organización de un viaje de mayores. Ésta fue admitida por el órgano judicial a pesar de no contar con el DNI del denunciante. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron entonces que se trataba de una identidad ficticia, y que de hecho no existía ninguna persona en España con ese nombre.

Tal como se sostenía en la investigación de la Guardia Civil tras interrogar al cartero de esa zona, que precisamente se trataba del concejal del PP, González Márquez, trabajador de 'Correos' en excedencia, éste podría haberle pedido al compañero cartero que repartía en la zona donde el falso denunciante debía recoger las informaciones del juzgado que le pasara a una dirección de la barriada de Osunillas toda la correspondencia que viniera a ese domicilio. A esto se sumaba que la dirección aportada por el presunto denunciante que presentaba el escrito no existía en el municipio, pues tiene una numeración mayor a la real del diseminado rural que se describe.

El denunciante aportó entonces el expediente de contratación en cuestión y donde, según él, existían irregularidades. Sin embargo, a este expediente de contratación se añadía un supuesto informe de la técnico de Tercera Edad responsable del servicio donde basa parte de su acusación; documento que nunca se halló en el expediente de contratación. A raíz de toda esta documentación, la Fiscalía envió un escrito a la jueza en la que se pedía la apertura de una investigación, un proceso que acabó con las tres imputaciones, posteriormente anuladas.

Precisamente, y debido al trabajo del exedil, las acusaciones particulares van un paso más allá. Sobre la denuncia falsa reclaman dos años de prisión, a los que suman otros cuatro años y medio más por falsedad documental. Fuentes del anterior y actual equipo de gobierno municipal trasladaron a este periódico la necesidad, no solo de juzgar las posibles responsabilidades de González Márquez, sino también el origen de dicha denuncia. “Queremos conocer quién urdió esta estrategia y si el PP de Ángel Nozal estuvo detrás. Así lo preguntaremos en el juicio”, recalcaron dichas fuentes.

Sobre el viaje de mayores en cuestión, la titular de otro juzgado de Fuengirola (el número 2) consideró sobre los hechos en sí mismos que no constaba que sean constitutivos «de infracción penal alguna». Así, sostenía que el «defecto» de forma alertado por el interventor fue subsanado en tiempo y forma, y que en ningún caso ha existido «menoscabo ni perjuicio alguno al Ayuntamiento, ni decisión arbitraria alguna por parte de los denunciados». Sin embargo, donde sí profundizaba la jueza era en la naturaleza de la denuncia que acabó con la citación a los tres responsables municipales, asegurando que ésta nunca habría podido ser ratificada «porque se presentó por una persona sin DNI ni dirección correcta».

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