La oposición en Fuengirola forzará un pleno por la deuda con Urbaser de 4,2 millones

El gobierno deberá celebrar el pleno aunque cuente con mayoría absoluta. /I. G.
El gobierno deberá celebrar el pleno aunque cuente con mayoría absoluta. / I. G.

Cs, PSOE, IU y CSSP consideran «inadmisible» que esta nueva sentencia del TSJA sume ya 13 millones de euros en impagos en año y medio

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

La sentencia del TSJA adelantada en exclusiva por SUR esta pasada semana que da la razón a Urbaser y obliga al Ayuntamiento de Fuengirola a abonarles 4,2 millones de euros por una deuda de 2012 protagonizará un pleno extraordinario en las próximas. La oposición al completo (Cs, PSOE, IU y CSSP) mantuvieron una reunión este pasado jueves en el que tomaron la decisión de forzar este pleno monotemático ante una situación que consideran «inadmisible».

«Esta moción es planteada ante la gravedad y sorpresiva condena judicial al Ayuntamiento de Fuengirola de una cantidad de superior a los 4 millones de euros a la empresa Urbaser S.A, la cual es concesionaria del servicio de limpieza, así como determinar las posibles responsabilidades políticas, administrativas o legales por estos hechos, ocultos por el equipo de gobierno», aseguran los cuatro partidos en la exposición de motivos.

En este documento al que este periódico ha tenido acceso, los partidos en la oposición no solo exigen dilucidar las responsabilidades políticas y administrativas de los miembros del equipo de gobierno «actual o anteriores» a raíz de la sentencia, sino que solicitan la creación de una comisión especial de investigación -información, «que deberá ser televisada, para investigar estos hechos y los perjuicios económicos para los vecinos de Fuengirola», sentencian.

Además del pleno extraordinario, los grupos municipales piden una comisión de investigación

A pesar de la relevancia que tiene una convocatoria de estas características; este hecho no resulta sorprendente. Un día después de que se hiciera pública la resolución judicial, las cuatro formaciones salieron a la palestra para pedir responsabilidades.

A su juicio, esta sentencia no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista de resoluciones similares -de las que este periódico se ha hecho eco- que en el último año y medio sumarían 13 millones de euros que saldrán de las arcas públicas. En concreto, a estos 4,2 millones se añaden los intereses de demora por no haber pagado a tiempo las obras del Complejo Deportivo Elola, el Parking del Rosario o la propia sede del Ayuntamiento. Solo éstas suman unos 9 millones.

Petición de dimisión

Mientras que los portavoces de PSOE y Cs (Javier García León y Javier Toro, respectivamente), acusaron a la alcaldesa, Ana Mula, de «no saber» gestionar el Consistorio y apelaron a la decisión de los vecinos en 2019; el portavoz de Izquierda Unida, José Miguel López, fue un paso más allá y directamente pidió la dimisión de Mula, que en anteriores legislaturas ostentaba la concejalía de Hacienda, aunque al mismo tiempo dudaba de que ello se fuera a producir, y calificó de «vergüenza» el proceder de la regidora. «Nuevamente queda a las claras la nefasta gestión económica que están llevando a cabo desde el PP. Llevamos años denunciándola y viendo como se van a manos de grandes empresas grandes suma de dinero público por no pagar a tiempo, no seguir procedimientos administrativos o los sobrecostes», sostuvo. «Hay que echarles del gobierno el año que viene, porque dimitir no saben lo que es», criticó. Unas declaraciones a las que sumaron otras similares de su homólogo en CSSP, Pedro Pérez.

Previendo que esta situación se podía dar, desde el equipo de gobierno ya exigieron a los partidos en la oposición -cuando se dio a conocer la sentencia- a que actuasen «con la responsabilidad política que deben a sus cargos», ya que en su criterio la resolución lo que determina es el pago de los intereses que en su día se entendió que no era necesario abonar «como así refrendó el juzgado en primera instancia». «En el caso de que se hubieran abonado, también lo hubiesen criticado al entender que no se debía hacer y era un pago innecesario. Se espera que actúen con la responsabilidad y el decoro que son exigidos al ser representantes públicos», insistieron.

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