Nuevos documentos confirman que el hotel Vistamar está en situación ilegal

En esa fecha la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía canceló la inscripción del hotel, según consta en una comunicación enviada por la Delegación Territorial en Málaga de este departamento al Ayuntamiento de Benalmádena, a la que ha tenido acceso SUR. El documento se envía a solicitud del Consistorio, y la cancelación es la resolución de un expediente iniciado el 18 de julio de 2024 a raíz de la denuncia presentada por la propiedad del inmueble, la empresa Promociones Los Nadales, cansada de que el Ayuntamiento siguiera permitiendo que estuviera abierto el hotel después de que la Audiencia Provincial de Málaga —en diciembre de 2022, en segunda instancia— hubiera venido a decir que se trataba de eso que llamamos 'okupación': una empresa que explota un hotel sin ser su dueño, sin tener un contrato que le permita hacerlo y abonando un arrendamiento de 0,00 euros. Para este primero de agosto el precio de una habitación en el principal buscador online parte de los 166 euros sin desayuno.

De la baja en el Registro tuvo conocimiento el Consistorio el pasado 5 de febrero, hace casi seis meses, que es cuando Turismo le remite la comunicación solicitada. En realidad no le hacía falta porque la Junta tiene a disposición de cualquier ciudadano un buscador que da acceso al RTA, tal y como le indican en el propio escrito. Con la información de la Consejería en la mano, el Ayuntamiento no firma el decreto de cierre hasta el 6 de mayo, tres meses después, y no lo ejecuta hasta el 17 de junio, que es cuando se precinta el hotel y el caso salta a la prensa nacional. Antes de eso, el 9 de junio el Ayuntamiento notifica a la empresa que lo explotaba «la ejecución forzosa de la actividad» y le da el plazo hasta ese día para hacerlo, según ha señalado el Consistorio.

 

Apenas dos días después del precinto, el 19 de junio, un juez avaló el cierre al denegar en un auto las medidas cautelares solicitadas por la empresa explotadora. Pese a ello, el Consistorio procedió a levantar el precinto «al tener constancia de que una nueva empresa había presentado una declaración responsable para el inicio de la actividad». La sociedad, Vive Resort Magnagement, que ni siquiera había recurrido el decreto de cierre, aportaba un contrato de octubre de 2024 utilizando la misma fórmula que la justicia había declarado ilegales en primera instancia y en la Audiencia Provincial: la cesión de un contrato de arrendamiento, que es la vía que se ha utilizado siempre para usurpar el hotel a sus propietarios, con empresas que se van sucediendo en cascada (después de que la verdadera sociedad arrendadora dejara de pagar el alquiler y acabara entrando en administración concursal).

Al ser preguntado por SUR, el Ayuntamiento anuncia ahora que no ha dado validez a la declaración responsable que permitió el desprecinto del hotel y que se lo ha comunicado a la empresa (en ambos casos, sin especificar fechas), hasta el punto de que el decreto de cierre del 6 de mayo sigue estando «vigente». La administración local de Benalmádena llega a asegurar que el precinto tenía un mero carácter «instrumental» y que el levantamiento se hizo «para favorecer el paso de las personas mientras se analizaba la nueva documentación».

Aún así, el Consistorio asegura estar haciendo «los trámites oportunos» para ejecutarlo, sin concretar qué necesita hacer para cumplir con su obligación legal de asegurar la eficacia de sus propios actos tres meses después de haberlos dictado, máxime cuando hace ya algo más de un mes el Ayuntamiento sabe —por la información trasladada por los propietarios— que la sentencia de la Audiencia Provincial se ha convertido en firme en virtud de un auto del Tribunal Supremo. Mientras tanto, ocho meses después de que Turismo cancelara la inscripción en el Registro y casi medio año después de que se lo hiciera saber al Ayuntamiento, el hotel 'okupado' y «clandestino» sigue funcionando con normalidad. Los propietarios continúan pagando al Ayuntamiento por el hotel alrededor de 100.000 euros anuales en impuestos mientras siguen esperando que el Consistorio ejecute el cierre.