Mijas acuerda con Acosol evitar los cortes de agua a personas en riesgo de exclusión social

Manuel Cardeña, Juan Carlos Maldonado, Margarita del Cid y Mari Carmen Carmona, ayer. /Iván Gelibter
Manuel Cardeña, Juan Carlos Maldonado, Margarita del Cid y Mari Carmen Carmona, ayer. / Iván Gelibter

Servicios Sociales analizará la situación económica y si algún usuario está en esa situación se remitirá una comunicación a la empresa

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

Los vecinos de Mijas en riesgo de exclusión social y que no puedan hacer frente a la factura del agua podrán seguir recibiendo el suministro hasta que mejore su situación, tal como han acordado el Ayuntamiento de la localidad y la empresa de aguas Acosol.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid, y el consejero delegado de Acosol, Manuel Cardeña firmaron ayer un protocolo para asegurar el suministro de agua a usuarios en situación de vulnerabilidad económica;y que se extenderá a aquellos que sufran una avería involuntaria que suponga un consumo elevado y anormal.

El Consistorio rubricó con la empresa pública de agua este convenio para evitar los cortes de suministro cuando el usuario se encuentre en riesgo de exclusión social. «Así seguimos ayudando a las personas más vulnerables y con menos recursos. El agua es un bien de primera necesidad y con este acuerdo ambas entidades pretendemos que no se les corte el abastecimiento a estos vecinos que no pueden pagar sus facturas por su situación , explicó el regidor.

De esta manera, y según la información aportada por las instituciones, desde el departamento de Servicios Sociales de Consistorio se analizará, a priori, la situación económica y si algún usuario está en riesgo de exclusión social la concejalía remitirá una comunicación a Acosol al objeto de que se suspendan las posibles acciones de corte de agua que pudieran estar previstas y se identifique al usuario como excluido de las gestiones de suspensión del suministro.

Los Servicios Sociales informarán al usuario de todas las posibilidades de obtener algún tipo de ayuda para hacer frente a la situación y le indicará cuáles son los trámites y requisitos que debe cumplir para poder beneficiarse de ellas, así como valorarán si el usuario se puede integrar en el Fondo Social o en una partida del Ayuntamiento.

Los casos se revisarán cada seis meses o un año para verificar la situación del solicitante

Los casos que se hayan identificado como vulnerables y les haya sido aplicada la ayuda correspondiente, serán revisados periódicamente por los Servicios Sociales en un plazo «no inferior a 6 meses pero no superior a 12 meses» a contar desde su declaración, para «verificar» que se mantenga esta situación de vulnerabilidad económica, o bien si, en su defecto, se ha de cambiar el trato al usuario.

Papel de las administraciones

Al respecto de este anuncio, Del Cid sostuvo que las administraciones públicas deben ser sensibles a los problemas que afectan a los miembros más débiles de la sociedad, «especialmente las administraciones locales, las que tocamos más de cerca a los ciudadanos, debemos tener una especial atención a la hora de detectar los problemas y arbitrar medidas para atajarlos o, en todo caso, paliarlos en lo posible», argumentó.

Por su parte, Manuel Cardeña recordó que la reciente crisis económica ha empeorado las condiciones de muchas personas que viven en el umbral de la pobreza, provocando que exista población para la que el acceso a los servicios de suministros básicos «sea un gasto difícil o imposible de afrontar; y fruto de ello son las situaciones de impago de una factura». «Las entidades gestoras del servicio, como Acosol, son una pieza importante para detectar nuevos casos o para evitar la cronificación de los existentes», señaló el consejero delegado de Acosol.

Los excesos de consumo por averías no serán objeto de cortes del suministro

La medida aprobada por Acosol y el Ayuntamiento de Mijas no solo afectará a los potenciales cortes de agua debido a la situación económica de los vecinos. El protocolo pretende resolver una situación en la que se compromete gravemente la economía de los usuarios, como los supuestos de consumo anormal causado por una avería en la instalación del abonado (involuntaria y desapercibida) y que cuando es detectada o corregida ya ha producido un consumo elevado de agua facturable al usuario al ser la avería en su red interna lo que provoca, en muchos casos, una deuda inesperada e imposible de atender, cuyo impago conduce a la privación del servicio.

«Cuando existe un consumo excesivo involuntario es necesario aplicar otro tipo de medidas que no sean la penalización existente a personas que abusan de este bien tan preciado de manera consciente. Por ello, a los mijeños que les ocurra esta circunstancia también contarán con el apoyo del Ayuntamiento y el de Acosol para solventar esa deuda a través de ambas administraciones», aseguró Maldonado.

En este supuesto, tras una inspección de la empresa de aguas y después de comprobar que es cierto que existe un desarreglo en las tuberías se le ayuda a los usuarios para que no abonen la factura completa sino el canon de precio medio. «Ayudamos una vez más a las personas que peor lo pasan y, a su vez, les garantizamos un servicio básico como es el agua que no debe faltar en ningún hogar de la ciudad», sentenció el alcalde.

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