La jueza ve indicios de presuntos delitos en un contrato de Puerto Marina en 2011

Salido y López Merino, en una imagen de archivo. /SUR
Salido y López Merino, en una imagen de archivo. / SUR

Salido y López Merino adjudicaron el dragado a dos empresarios afines para luego ingresar el dinero en la sociedad de un amigo, según la jueza

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Avanzan los procedimientos judiciales iniciados por las presuntas irregularidades cometidas en Puerto Marina durante la legislatura pasada. El Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ha concluido las diligencias abiertas por la contratación en 2011 del dragado de la bocana y el entorno de los diques. La jueza que lleva el caso, por el que permanecen investigados el exprimer teniente de alcalde, Francisco Salido (UCB), y el exgerente del Puerto, José Manuel López Merino (UCB), además de tres empresarios locales, considera que existen indicios de presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación. La investigación ha sido trasladada a la Fiscalía y a la denunciante, la actual concejala del Puerto, Encarnación Cortés (PSOE), para que formulen el escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral.

La jueza deduce, según figura en el auto al que ha tenido acceso este periódico, que Salido y López Merino adjudicaron el contrato para ejecutar las obras a Servicios Submarinos del Sur (Servisur) con el objetivo de cederlo a su vez a Dragados y Obras Portuarias, que nunca había concurrido como licitadora en el procedimiento, todo ello pese a que el anterior consejo de administración del Puerto ya había adjudicado el dragado a otra empresa cuyo contrato fue resuelto por Salido y López Merino. Las sociedades beneficiadas pertenecen a tres empresarios, también investigados, que entre 2011 y 2014 facturaron 1,4 millones de euros con cargo al Puerto, lo que supone casi la mitad de los contratos adjudicados por esta empresa pública de Benalmádena.

Uno de estos empresarios, para quien a su vez habrían trabajado los otros dos, siempre según la denuncia y la auditoría interna puesta en marcha por el Ayuntamiento, mantenía «una relación de amistad» con Salido e incluso estuvo en la sede de su partido, Unión Centro Benalmádena (UCB) durante la noche electoral de 2011, cuando esta formación local obtuvo cuatro representantes en el Consistorio y se convirtió en llave de gobierno, condición que utilizó para gobernar primero con el PSOE e IU y después, durante la mayor parte de la legislatura, con el PP. La jueza considera que la rescisión del contrato inicial, que permitió adjudicar las obras a las sociedades mencionadas, estuvo repleta de «actos administrativos irregulares y arbitrarios, contrarios al ordenamiento jurídico». El auto también confirma que existían «relaciones e intereses» entre Salido y López Merino y los tres empresarios investigados.

Entramado societario

Servisur había sido descartada por el anterior consejo de administración. Cuando Salido y López Merino tomaron posesión de sus cargos «decidieron de común acuerdo incorporar al procedimiento un acta manipulada» que omitía las explicaciones técnicas del descarte de esta empresa. El «plan», como lo califica la jueza, consistía en adjudicar las obras a Servisur, como consiguieron meses después al anular el contrato inicial, pero iba más allá; el objetivo final, siempre según la investigación, era transferir el dinero a Dragados y Obras Portuarias, que ni siquiera se había presentado al concurso. Fue el administrador de esta empresa, que había estado en la sede de UCB durante la noche electoral, «quien ejecutó la obra en realidad y la cobró casi en su totalidad», según recoge el auto.

Por esta obra, Dragados y Obras Portuarias recibió más de 180.000 euros procedentes del Puerto sin formar parte si quiera de la licitación. Los tres empresarios investigados facturaron el 46,8 por ciento de los contratos adjudicados por la empresa municipal. Para ello disponían, según el interventor del Ayuntamiento, de un entramado societario con empresas constituidas semanas antes de las elecciones municipales de 2011. En los siguientes comicios, en 2015, UCB no obtuvo representación, ya salpicado por las presuntas irregularidades cometidas por su presidente (Salido) y su número dos (López Merino). Este último fue condenado a seis meses de cárcel por ejercer como abogado sin estar colegiado ni tener titulación, pena sustituida por el pago de una multa cercana a los 4.000 euros y la inhabilitación para cargo público.

 

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