La Guardia Civil cita como investigado al auditor de las escuchas de Mijas

Según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, dicha solicitud la habría extendido la Guardia Civil a la jueza que instruye el caso y que ya ha abierto diligencias previas ante los indicios de que se pudiera estar cometiendo algún tipo de delito. Así, en las próximas horas Gil Mauriz deberá prestar declaración y aclarar alguna de las cuestiones que ya puso sobre la mesa el regidor en el pasado consejo de administración de la empresa municipal.

Entre estas cuestiones están qué tipo de formación tiene este supuesto auditor para arrogarse el título de perito judicial (está acudiendo a la empresa con un chaleco y una supuesta placa); así como qué clase de mandato judicial posee para investigar e interrogar a los empleados de Mijas Comunicación.

Además de Gil Mauriz, la actual directora de la radiotelevisión pública, Laura Delgado, también deberá declarar ante la Guardia Civil por estos mismos hechos, aunque en su caso en calidad de testigo. Según fuentes consultadas, Delgado -tras recibir el mandato del consejo- fue quien contrató los servicios del supuesto auditor.

Estas acciones que está llevando a cabo la Guardia Civil vienen precedidas de la denuncia interpuesta el viernes por Maldonado. El alcalde decidió poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el asunto después de que Gil Mauriz no respondiera de forma satisfactoria a algunas de las preguntas que su letrado le formuló, lo que le hizo sospechar de que se podría tratar de una «estafa».

En concreto, el máximo responsable municipal pidió en el seno de este consejo de la radiotelevisión local celebrado este pasado viernes la suspensión «inmediata» de dicha auditoria, al tener –señaló– «fundadas sospechas» de que la investigación podría tratarse de una «estafa». A pesar de ello, la propuesta no salió adelante, ya que solo contó con los votos afirmativos de los consejeros de Ciudadanos, mientras que los del resto de formaciones (PP, PSOE y CSSP) lo rechazaron.

En declaraciones a SUR, Maldonado aseguró entonces que se trata bade un proceso que no está claro «que se esté llevando a cabo con garantías» y que a su juicio ha provocado una enorme alarma social que incluso ha hecho que el propio departamento de Tesorería se paralizara un día ante estas noticias, «hasta ahora, sin fundamento», matizó.

«Ante toda esta vorágine informativa surgida en los medios de comunicación existen varias cuestiones que han de ser aclaradas. ¿Es realmente un perito judicial el que está llevando a cabo la investigación? ¿Tiene un mandato judicial que le habilite a llevar a cabo la investigación como perito judicial? Tal y como sale publicado en prensa, ¿Si estuviera actuando de oficio lo ha comunicado al juzgado? ¿Tiene la solvencia técnica para llevar a cabo este trabajo?», se preguntó el primer edil.

Además, el responsable de esta supuesta investigación que habría dado con los pinchazos tampoco aportó el informe de conclusiones –tal como había avanzado que haría–, y señaló que tras las acusaciones del primer edil hablaría primero con su abogado y que lo entregaría ayer lunes. Al cierre de esta edición, no había constancia de que se hubiera entregado.