El desalojo de una familia deja en evidencia la declaración de Benalmádena como ciudad libre de desahucios

El desalojo de una familia deja en evidencia la declaración de Benalmádena como ciudad libre de desahucios

El pleno aprobó hace dos años una moción institucional para garantizar las viviendas habituales a raíz de una propuesta de Costa del Sol Sí Puede, al frente de Rescate Ciudadano, oficina municipal que respalda el lanzamiento

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Mario, Laura y sus dos hijos, de tres meses y seis años, llevan dos noches durmiendo en casa de una amiga. La Policía Local ejecutó el lunes la orden de desahucio puesta en marcha por el Ayuntamiento de Benalmádena para que abandonaran la vivienda municipal de protección oficial en la que residían desde hacía años. Con este desahucio, el Consistorio incumple una moción aprobada por unanimidad en el pleno del 25 de febrero de 2016, cuando Costa del Sol Sí Puede (CSSP), partido con el que Podemos se presentó a las elecciones municipales en varias localidades del litoral malagueño, propuso la declaración de Benalmádena como ciudad libre de desahucios. La iniciativa salió adelante con el respaldo de todos los grupos políticos, pero la actuación del Consistorio gobernado por el PSOE, CSSP, Izquierda Unida, Alternativa y tres concejales deja ahora en evidencia el incumplimiento de este compromiso.

Aunque la mayoría de desahucios son ordenados por los juzgados, existe una modalidad que permite a las administraciones públicas tramitar estos procedimientos por vía administrativa en caso de que los inmuebles sean de su propiedad. El Ayuntamiento se acogió a esta posibilidad para desalojar a Mario, Laura y sus hijos de uno de los pisos de titularidad municipal situados en calle Eucalipto. El procedimiento iniciado por Provise, empresa pública responsable de las viviendas sociales gestionada por Izquierda Unida, fue respaldado por la Oficina de Rescate Ciudadano, controlada por CSSP, y por la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por el PSOE.

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La familia, sin alternativa habitacional y con ingresos mensuales inferiores a los 600 euros, cumple la mayoría de requisitos para acceder a uno de los cerca de 230 pisos públicos que hay en Benalmádena, pero el Consistorio ordenó su desahucio alegando irregularidades en el contrato de alquiler. El piso no les fue concedido a ellos, sino a la abuela de Laura, ya fallecida. Pese a que desde Provise confirman que la familia no tiene otra residencia ni ingresos superiores a los que aseguran tener (una paga por desempleo de unos 400 euros y una manutención inferior a 200 euros que Laura recibe cada mes de su anterior pareja, padre de su hijo mayor), el Ayuntamiento ha seguido adelante con la orden de desahucio. La medida, sin embargo, colisiona con la moción aprobada por el pleno, en la que CSSP establecía que Benalmádena quedaba libre de desahucios de inmuebles con consideración de vivienda habitual.

Durante la sesión donde quedó aprobada la propuesta, el portavoz de CSSP, Enrique García, miembro de Podemos, expuso que «se hacen indispensables, ahora más que nunca, políticas que garanticen una alternativa habitacional a la situación de insolvencia sobrevenida». Su homóloga en IU, Elena Galán, se posicionó a favor de impedir los desahucios «porque consideramos que la vivienda habitual debe ser inembargable». Por parte del grupo socialista también intervino su portavoz, Ana Scherman, que aseguró que la moción proponía «medidas acertadas y en la dirección correcta». En una primera votación, el PP, Ciudadanos (grupo que se diluyó tras la expulsión de sus tres concejales, ahora no adscritos) y Vecinos por Benalmádena se abstuvieron y el PSOE, CSSP e IU apoyaron la moción. Tras introducir algunas modificaciones, como cambiar «viviendas de primera residencia» por «vivienda habitual», todos los grupos votaron a favor y la moción adquirió carácter institucional.

«Falta de sensibilidad»

Enrique García sostiene ahora que, en este caso, «el problema es que querían esta vivienda en concreto» y asegura que el Ayuntamiento «ofreció alternativas habitacionales» a la familia, que desmiente este punto. Mario mantiene que «siempre nos han dicho que no podían ayudarnos» y lamenta «la falta de sensibilidad» mostrada durante el procedimiento: «Tuvimos que vaciar la casa rápidamente y no nos dio tiempo a recoger todas las cosas. Cuando volvimos nos encontramos con algunas de nuestras pertenencias en el contendor. Tiraron hasta una caja llena de juguetes del niño».

El gerente de Provise, Francisco Artacho (IU), afirma que el estado en que se encontraba el piso «no estaba para que hubiera niños allí». Preguntado por las medidas tomadas por el Ayuntamiento para garantizar el bienestar de los menores en caso de haber detectado cualquier presunto riesgo, como insinúan desde la coalición de gobierno, Artacho alega que aún están tramitándose informes. La familia incide en que el estado de la vivienda tras el desahucio «es el de cualquier casa cuando te dan un rato para abandonarla, porque tuvimos que llevárnoslo todo deprisa», aunque reconoce que en los últimos meses «no hemos hecho ninguna obra porque iban a quitárnosla». Desde Provise aseguran haberles advertido de que «debían buscar una alternativa», aunque Mario explica que en la empresa municipal «nos dijeron que no podíamos hacer nada contra el desahucio, por eso no rellenamos ningún papel».

El alcalde, Víctor Navas (PSOE), alega que «en Benalmádena tenemos un registro de demandantes de vivienda con más de 200 familias», cifra que su concejal de Vivienda reduce a 90, y considera que «la filosofía de una vivienda social debería ser una situación de excepcionalidad por circunstancias de la crisis, hasta que las familias arreglen su situación». El primer edil reconoce que resulta complicado «calibrar la necesidad real» de una vivienda social «porque la picaresca existe».

Sobre el caso de Mario, Laura y sus dos hijos, Navas asegura: «Es doloroso ver que una familia sale a la calle, pero ¿cómo equilibramos eso con el resto de familias en la misma situación? Es un debate complejo». Preguntado por cuál habría sido su posición en caso de que el desahucio hubiera sido ordenado por un gobierno del PP, el alcalde responde que «cuando hay expedientes técnicos intento criticar únicamente los casos donde hay discrecionalidad, pero hay que seguir la ordenanza y la ley».