Las denuncias cruzadas entre PSOE y PP elevan la tensión política en Torremolinos

Del Cid y Ortiz, en una foto de archio de inicios de la legislatura./SUR
Del Cid y Ortiz, en una foto de archio de inicios de la legislatura. / SUR

Los socialistas, que solo han sacado adelante el presupuesto de un año, acusan a los populares de bloquear la marcha de las empresas municipales

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La tensión política ha aumentado hasta lo irrespirable en Torremolinos, donde la campaña electoral también se librará en los juzgados. El cruce de denuncias presentadas entre el PSOE, que gobierna en minoría, y el PP, en la oposición desde 2015 por primera vez tras veinte años de mayorías absolutas, sigue enfangando la actualidad municipal, hasta el punto de que el alcalde, José Ortiz, y la candidata del PP, Margarita del Cid, ni siquiera se saludan. Del Cid no perdona que el primer edil votase a favor de su destitución como miembro del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, entidad que preside. La líder de la oposición se querelló contra Ortiz por aquel pleno, caso que permanece en los tribunales. A su vez, los socialistas comienzan a recoger los frutos judiciales de la denuncia interpuesta el año pasado por las presuntas irregularidades detectadas en las auditorías practicadas sobre la gestión del PP en la anterior legislatura. La Policía Nacional ya ha solicitado al Ayuntamiento que comunique quiénes fueron los responsables de varios contratos que están siendo investigados.

Por el caso de Protección Civil, que durante años pagó salarios encubiertos a los voluntarios que ejercían como vigilantes de playas, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras una denuncia de la Seguridad Social, también se han abierto diligencias previas. En mayo declaró, en calidad de investigado, el exalcalde Pedro Fernández Montes, que achacó la denuncia a «un montaje político del PSOE». También permanece investigada la exconcejala de Turismo y actual viceportavoz del PP, María José Jiménez, vinculada inicialmente a la pieza abierta sobre supuestas irregularidades en las subvenciones municipales, causa archivada de forma provisional a falta de los oficios policiales correspondientes, pero llamada a declarar sobre el caso de Protección Civil.

Hace meses que la relación entre el alcalde y Del Cid, líder de la oposición, saltó por los aires

De forma paralela a las investigaciones puestas en marcha a raíz de las auditorías, el PP denunció supuestos fraccionamientos en la contratación de semáforos para una prueba previa a la peatonalización del centro, proyecto estrella de los socialistas esta legislatura, y en la ampliación del contrato con la empresa responsable de la vigilancia de las playas. Por este caso ya han declarado como investigados el alcalde y su mano derecha, Maribel Tocón, concejala de Economía y Urbanismo. El regidor alegó que la denuncia respondía «a la frustración» de Del Cid por no haber podido sacar adelante una moción de censura que la invistiera alcaldesa. El principal testigo del caso es el exinterventor municipal, que dejó su puesto en el Ayuntamiento para comenzar a trabajar en la Mancomunidad presidida por Del Cid.

Hace meses que la relación entre Ortiz y Del Cid saltó por los aires, con los agraventes de que Torremolinos forma parte del órgano mancomunado y que el PSOE gobierna en minoría en el Ayuntamiento. Los socialistas acusan al PP de bloquear el funcionamiento de las empresas municipales, donde tienen mayoría simple, mientras que los populares mantienen que el PSOE ha demostrado «su incapacidad» para gobernar con siete concejales en una corporación de 25 ediles. El equipo de Ortiz sólo ha sacado adelante los presupuestos de un año, 2017, en toda la legislatura. Con Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida metidos de lleno en campaña electoral, recrudeciendo su labor como oposición, parece improbable que el pleno dé luz verde a una nueva propuesta económica del PSOE.

A poco más de seis meses para los comicios municipales, las buenas intenciones mostradas durante el inicio de la legislatura por los dos partidos mayoritarios para alcanzar acuerdos puntuales parecen haberse esfumado. Con la guerra declarada también en los juzgados, ambas formaciones deberán demostrar en lo que resta de mandato su capacidad para abandonar las trincheras electorales y los rencores personales en beneficio del interés general.

 

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