CSSP se querella contra Mula por supuestas «irregularidades» en contrataciones de obras

La querella, entre otras cuestiones, destaca el caso de las obras en el Polideportivo Elola, aprobada en el año 2005. A su juicio, las previsiones dinerarias incluidas en los presupuestos municipales para esta obra se basaban en las estimaciones de ingresos procedentes de la ejecución de los convenios urbanísticos que se suscribiesen para el desarrollo del PGOU. «Si bien, como era notorio, ni tan siquiera se encontraba aprobado el PGOU del municipio, por lo que realmente nunca se pudo disponer de esas cantidades previstas para el pago de las obras», señalan en el escrito. La ley Reguladora de Haciendas Locales, en su artículo 51, arbitra para poder financiarse, sobre la posibilidad de contraer crédito a corto plazo, para «cubrir desfases transitorios de Tesorería». «Pero en modo alguno, importes superiores a 18 millones de euros sobre un presupuesto de ingresos de unos 70 millones anuales, puede entenderse como un desfase transitorio. En cualquier caso, era obligatorio para comprometer gasto alguno el preceptivo informe de intervención», aseguran desde CSSP, «hecho que no aconteció».

De forma paralela a lo anterior, y en el curso de la ejecución de las obras, sostienen que se procedió a modificar las condiciones del pliego, a petición municipal, con el fin de supuestamente efectuar una serie de cambios, entre otros, ejecutar una piscina olímpica de 50 metros en lugar de la de 25 metros planificada, lo que provocaba que el precio final de la obra ascendería a la cantidad de 22.241.941,56 de euros, o lo que es lo mismo con un sobrecoste de cuatro millones aproximadamente respecto del pliego.

«Lo llamativo del caso es que la piscina finalmente construida no cumple los requisitos exigidos para competiciones senior deportivas de natación nacionales e internacionales de la federación española y ninguna federación internacional, que nunca competirán en el complejo deportivo al no cumplir los requisitos, con lo que la finalidad justificada del sobre coste devino ineficaz e innecesaria», sostiene CSSP. «Es notoria la ausencia del certificado de existencia de crédito suficiente, que debe ser emitido por Intervención. No consta siquiera que Intervención fuera informada sino a posteriori, al autorizar el Reconocimiento Extraordinario de Crédito», según sostienen.

En la querella especifican, además, que el caso del Polideportivo Elola no sería el único, y destacan lo que a su juicio son «ejemplos similares» de esta forma de proceder; como el caso de las obras en el mercado de Los Boliches, o las que afectaban a las del propio edificio del Ayuntamiento. Así, señalan que al haberse «obviado totalmente» los trámites previstos en la ley para procederse a la modificación del contrato y no haber pasado dicha modificación el obligado trámite de control y fiscalización por parte del interventor, «éste nunca pudo pronunciarse sobre la existencia de crédito suficiente para poder responder de los nuevos pagos, soslayándose, entendemos que de forma intencionada, la fiscalización previa del gasto, lo que llevaría al incumplimiento y retraso de los pagos y obligando al Ayuntamiento a reconocer la obligación de pago mediante los correspondientes expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos». Aunque la querella criminal va dirigida de manera nominal contra Ana Mula, el propio texto destaca que del producto de de las diligencias sobre estos procesos de contratación, se podría encontrar otra serie de personas con «potenciales responsabilidades legales», dejando así la puerta abierta al juez.

Por parte del equipo de gobierno, fuentes consultadas por este periódico señalaron que no van a entrar de momento a valorar este asunto. «Aún no nos ha llegado nada y evidentemente no hemos podido analizar el contenido de la querella», sostuvieron.