La Costa del Sol no tira de la manta

La concentración de estos manteros complica las labores policiales. Las patrullas ordinarias, compuestas por dos agentes, apenas tienen margen de maniobra ante grupos de vendedores que a menudo superan las diez personas, una situación que ha forzado a Ayuntamientos como Marbella o Benalmádena a ampliar el número de efectivos destinados a combatir la venta ilegal. La sensación predominante entre las plantillas policiales de la Costa, sin embargo, es la impotencia. El trabajo se acumula en verano, cuando las actuaciones se multiplican pero, paradójicamente por los turnos de vacaciones, menos personal hay. A esto se suma que los manteros suelen abandonar la zona segundos antes de que llegue la Policía, advertidos por informadores con quienes reparten ganancias.

La alta demanda y la permisividad ciudadana suponen otra arista de este problema. Agentes han relatado a este periódico que suelen ser increpados por vecinos y turistas cuando intervienen para requisar las falsificaciones. Aunque parezca una actividad inofensiva, la venta ilegal constituye una competencia desleal a los comerciantes que pagan sus impuestos, promueve la economía sumergida y genera pérdidas millonarias para las empresas dedicadas a la fabricación y venta de bolsos, gafas, relojes o vestidos, algo sobre lo que ya ha llamado la atención el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, que advierte de que algunos sectores llegan a perder hasta un 17 por ciento de empleo por el 'top manta'.

La piratería, en palabras de Pablo López, director de grandes cuentas de Clarke, Modet & Co, despliega una estructura similar a las que tienen el tráfico de drogas o armas. Un informe interno de la Policía Local de Benalmádena revela la organización de esta industria ilegal, en ocasiones controlada por cabecillas que no se dedican a la venta directa pero explotan a decenas de inmigrantes. En esta localidad ya han identificado al menos a siete de estos 'jefes'. Dos de ellos se mueven en coches de la marca Mercedes. En su informe, el jefe de Policía recuerda que «es prioritario evitar detenciones con fuerza o actuaciones que generen espantadas», así como cualquier otra actuación «desproporcionada que conllevaría el reproche de viandantes» y pondría en riesgo la seguridad ciudadana.

El asunto trae de cabeza a los empresarios locales. Fueron ellos quienes, ante la inacción de las administraciones municipales, convocaron una reunión en marzo para abordar el problema de forma conjunta en Torremolinos y Benalmádena, un encuentro al que acudieron ambos alcaldes y representantes de la Policía Nacional y Local «sin que sirviera de nada, porque luego no se han tomado medidas que reclamábamos», explica la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Benalmádena (ACEB), Rosa María González, «indignada» por la impunidad con que cada año crece la venta ilegal en la Costa del Sol: «Este verano he recibido más de 500 fotografías hechas por comerciantes a estos vendedores, porque muchos están hartos de que se pongan frente a sus negocios. ¿Cómo podemos permitir que llegue un señor y coloque una manta delante de una tienda para vender falsificaciones de los mismos productos que ofrece ese establecimiento, cuando el dueño está pagando 4.000 o 5.000 euros nada más que por el alquiler, como ocurre en Puerto Marina?».

Algunas de las alternativas planteadas por empresarios y ayuntamientos pasan por inscribir a estos vendedores ambulantes en cooperativas donde regularizar su actividad comercial o trasladarla a mercadillos. Hasta ahora, sin embargo, la falta de papeles de algunos de estos inmigrantes y su resistencia a renunciar a la venta de falsificaciones, su principal fuente de ingresos, han frustrado estas posibilidades. A través de la Policía Local, los ayuntamientos requisan cada verano miles de objetos, intervenciones que contrastan con el escaso número de detenciones. Los vendedores suelen huir tras percatarse de la presencia policial y abandonan sus mantas o las entierran en la arena, una reacción que impide vincular los productos requisados e imponer sanciones por venta ilegal.

De forma interna, agentes de varios Cuerpos de Policía de la Costa del Sol han solicitado el aumento de las plantillas mediante la tasa de reposición, la contratación de informadores municipales que adviertan de presuntas infracciones tanto a la Jefatura como a la ciudadanía, la puesta en marcha de una unidad de intervención inmediata o el pago de horas extra, además de coincidir en que el problema debe comenzar a ser abordado desde una perspectiva global debido a la escalada de violencia en las reacciones de estos vendedores: «No es solo algo que ataña a la Policía Local».

Tras la venta ambulante ilegal existen varias mafias proveedoras del material, en su mayor parte falsificaciones que adquieren en varios polígonos. Estas mafias someten a los inmigrantes a jornadas interminables de trabajo, expuestos a ser detenidos en cualquier momento. Hartos de esta situación, varios vendedores de Benalmádena tratan desde hace al menos un año de crear una marca propia, como ha ocurrido en Barcelona, donde los 'manteros' venden zapatillas, camisetas y otros artículos con la firma Top Manta. La iniciativa, de momento, no ha terminado de cuajar en la Costa del Sol.

«Muchos queremos cambiar esta forma de vida. Preferiríamos estar en un mercadillo, pero hay compañeros que no tienen papeles», relata un mantero senegalés que trabaja en la provincia. Su historia es otra de las piezas de un puzzle complejo que esconde pérdidas empresariales, frustración policial, dramas personales y explotación laboral.