El Congreso de la Abogacía de Málaga inicia su vigésima edición buscando «certezas en medio del ruido»

«Necesitamos una brújula para orientarnos en las continuas mareas legislativas, reformas, contrarreformas, las reformas de las reformas o las que llegan a golpe de BOE y BOJA», ha puesto de relieve la máxima representante de los letrados malagueños. Su objetivo, ha incidido, es que esta cita jurídica sea en «un puerto seguro» que permita «ganar certezas en medio del ruido».

Para ello, el encuentro desarrollado en Torremolinos cuenta con más de 70 ponencias y 240 intervinientes, entre los que se encuentran magistrados del Tribunal Supremo, expertos académicos, fiscales, profesionales de la abogacía y representantes institucionales. Por su parte, Carrasco ha recordado que se trata de una edición muy especial porque hay «dos aniversarios que se miran». Además de que el congreso cumple su vigésima edición, «desde el Colegio de Abogados se tiene la vista puesta en el 250 aniversario del mismo».

En el acto de inauguración también han participado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el consejero de Justicia, Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, quien ha reivindicado la protección del derecho de defensa y de la profesión, para lo que, ha insistido, es necesario que mejoren las condiciones profesionales.

«Protegerla es exigir más avances en la conciliación. Protegerla es cuestionar y que se paralice, como acabamos de hacer con ATA, la injusta subida de cuotas a los autónomos que estaba anunciada». González también ha añadido que la protección de la profesión pasa por «reclamar y propiciar una solución para la pasarela al RETA de nuestros compañeros y compañeras mutualistas», un asunto en el que la Abogacía «ha implicado incluso al Parlamento Europeo» con el fin de reclamar «sensibilidad y rapidez al legislador».

En este sentido, el presidente del CGAE ha subrayado igualmente la necesidad de garantizar que las reformas legislativas orientadas a mejorar la eficiencia judicial lleguen a toda la ciudadanía y a todos los territorios, sin poner en riesgo «las máximas garantías de seguridad jurídica ni el acceso efectivo a la tutela judicial».