Condenan al Ayuntamiento de Estepona al pago de 1,2 millones de euros por irregularidades en un convenio urbanístico firmado durante la etapa del PSOE

En concreto, se trata del convenio suscrito en el año 2005 con una empresa para el desarrollo de la finca denominada 'Cortijo la Teja'. Dicho convenio, que requería una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, «nunca se desarrolló al contravenir la ley urbanística vigente. Las cantidades aportadas por la promotora, que ascendieron a 1.225.242,99 euros a cambio de los aprovechamientos urbanísticos, fueron empleadas por el entonces gobierno socialista para el pago de gastos corrientes, fundamentalmente el abono de las nóminas de los empleados municipales, como quedó demostrado en sentencias judiciales, vulnerando así la entonces Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).»

«La mercantil comenzó a reclamar en 2017 al Ayuntamiento de Estepona la declaración de nulidad del convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de Estepona el día 5 de diciembre de 2005, así como del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Estepona en su sesión de 20 de diciembre de 2005, mediante el que se aprobaba el mismo. Al tiempo se exige la restitución íntegra de las cantidades aportadas en su día más los intereses legales al entender que la Corporación socialista había incurrido en un grave incumplimiento de los términos del convenio.»

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto de fecha 28 de noviembre de 2006, ya impedía, como recoge la sentencia que ahora condena al Ayuntamiento de Estepona, «un incremento del suelo urbanizable superior al 40 % del suelo urbano ya existente, limitación que el Ayuntamiento de Estepona sobrepasaba» en ese año «al haber consignado una pluralidad de convenios urbanísticos».

Sin embargo, y aunque ello ya impedía desarrollar el convenio en Finca La Teja, el ejecutivo socialista nunca resolvió el convenio ni devolvió las cantidades reclamadas por las mercantiles.

Deuda histórica municipal

El actual alcalde de Estepona, García Urbano, llegó al cargo en 2011 y se encontró una deuda total de 304 millones de euros «con lo que tuvo que crear un fondo de previsión de sentencias desfavorables ante la cantidad de procesos por impagos en los que estaba inmerso el Consistorio. De ellos, más de 30 millones correspondían a facturas impagadas a proveedores», según dicha nota de prensa.

«En el caso de los convenios urbanísticos firmados por los alcaldes del PSOE que nunca se ejecutaron, las cantidades aportadas por las empresas se destinaron al pago de gastos corrientes, en unos años en los que el Consistorio no podía ni pagar las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento y, ni siquiera, el papel higiénico en las guarderías municipales.»

El equipo de Gobierno de García Urbano viene haciendo frente al pago de esa deuda, prácticamente abonada en su totalidad y también a los pagos que las empresas perjudicadas por aquellos convenios urbanísticos reclaman ahora al Ayuntamiento.

Este periódico se puso en contacto con el Grupo Municipal Socialista y su portavoz, Emma Molina, indicó que en las próximas horas tendría en sus manos un informe «que contrarresta toda esta información».