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IVÁN GELIBTER
Miércoles, 28 de febrero 2018, 00:52
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La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado una sentencia que da la razón a una pareja y que ha permitido que se les devuelvan 52.000 euros más los intereses, que fue lo que adelantaron entre 2003 y 2004 a la constructora Aifos para la adquisición de lo que tenía que haber sido su piso en Fuengirola, en Cortijo de Torreblanca, una urbanización que hoy se encuentra abandonada pese a que en su momento alcanzó una fase muy avanzada de construcción.
Según el bufete que ha llevado su caso y el de otros afectados en el mismo lugar, esta pareja visitó la zona y descubrió que su piso, el que tenía que haberlo sido, se encontraba destrozado, incluso con las tuberías totalmente arrancadas. Así, sus ahorros de toda la vida, se habían «esfumado» pese a contar con sentencias estimatorias que obligaban a Aifos a devolver su dinero.
Ya unos años más tarde, en 2009, llegó el concurso de acreedores de la promotora, el mayor de Andalucía entonces, lo que según el relato del abogado Carlos Comitre, dio al traste con las esperanzas de recuperar el dinero, máxime cuando, ya en 2014, concluyó con la liquidación de la empresa, «en la que se veían atrapados, junto con miles de afectados», explica.
Sin embargo, en 2015 el Tribunal Supremo abrió una vía de esperanza que fue seguida por ellos y por otros muchos afectados representados por Ley 57 Abogados, que culminó con una sentencia favorable que ahora se ve confirmada por la Audiencia Provincial.
Esta es la primera sentencia de la Audiencia Provincial sobre esta promoción en concreto, aunque Comitre espera que a lo largo de este año se vayan conociendo otras en el mismo sentido. Tal como afirma, solo en esta urbanización de Torreblanca hay unas 300 familias en la misma situación, que fueron entregando dinero como entrada para posteriormente ver cómo la obra era abandonada.
Por lo tanto, y según explican desde el bufete, ahora esperan que su precedente se extienda al resto de los afectados, pues conocen a muchos de ellos. «A los que no han reclamado todavía les animan a hacerlo, pues podrán recuperar lo pagado en conjunto con sus intereses», añaden. No en vano, la pareja ya ha cobrado estos 52.000 euros más los intereses (unos 25.000), tras pedir la ejecución de la sentencia en primera instancia.
Para facilitar que se produzcan más denuncias, la plataforma SOS Vivienda ha dispuesto un teléfono gratuito, el 900 64 92 90, donde podrán ponerse en contacto con el equipo de abogados que les representó. «Otros afectados de otras promotoras pueden conseguir también el mismo éxito con base a este precedente», sentencia el equipo legal.
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