El Colegio de Abogados denuncia la situación «tercermundista e insostenible» de los juzgados de Torremolinos

Entrada a una de las tres sedes de los juzgados en Torremolinos./SUR
Entrada a una de las tres sedes de los juzgados en Torremolinos. / SUR

El decano pide el traslado a la plaza Picasso por el mal estado de las sedes actuales y el PP advierte de que no permitirá «este intercambio de cromos»

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La situación en los juzgados de Torremolinos y Benalmádena resulta ya «insostenible». Así lo relata el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, que ha redoblado su apoyo al traslado de la actividad judicial, que tiene lugar en tres deteriorados edificios de la avenida Palma de Mallorca de Torremolinos, al inmueble municipal de la plaza Picasso, inicialmente concebido como museo. Lara ha mostrado en redes sociales su deseo de que las negociaciones entre el Ayuntamiento y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía lleguen a buen puerto «en breve». El representante de los abogados malagueños, que en los últimos meses ha denunciado la aparición de plagas de insectos, humedades, desperfectos y otros problemas en las sedes actuales, considera que Torremolinos y Benalmádena «ni merecen ni pueden sostener por más tiempo» estos juzgados «porque la situación es tercermundista».

El edificio de la plaza Picasso cuenta con más de 4.000 metros cuadrados. El PSOE, que gobierna en minoría, incumplió su propio compromiso electoral, consistente en darle un uso cultural, para liderar su transformación como inmueble administrativo, un proyecto que la mayoría de trabajadores de los juzgados ha acogido con los brazos abiertos. Aunque el pleno celebrado en mayo evidenció que los socialistas no tienen el respaldo de la oposición, el Gobierno que preside José Ortiz lleva más de un año preparando la documentación necesaria para convertir el inmueble en sede judicial. La posición del Colegio de Abogados supone un espaldarazo para el PSOE, sin apoyos entre el resto de la corporación.

La Junta mantiene en un cajón el proyecto para construir un Palacio de Justicia en los más de 11.000 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento en El Pinillo. Lara reconoce que este nuevo edificio sería «la solución ideal», pero se muestra convencido de que el Gobierno de Susana Díaz «no va a invertir en Torremolinos», por lo que propone que el inmueble de la plaza Picasso, vacío e inconcluso desde hace años, sea utilizado «provisionalmente» como sede judicial. Este edificio fue una apuesta personal del exalcalde, Pedro Fernández Montes (PP), empeñado en levantar un museo municipal que nunca ha llegado a abrir sus puertas por los retrasos en el final de las obras, todavía sin completar, y por la negativa de la Consejería de Cultura, que emitió un demoledor informe rechazando la posibilidad de incluirlo en su catálogo de museos andaluces por «la falta de contenidos y coherencia» que arrastraba el proyecto.

Hasta ahora, el inmueble ha supuesto un sumidero de dinero público sin retorno de ningún tipo. Su coste ha ascendido ya a más de siete millones de euros, según la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón. Los socialistas alegan que los gastos de contratación de personal, climatización, vigilancia, seguros, adquisición de obras de arte y mantenimiento, sumado a la devolución del préstamo que el Ayuntamiento aún está pagando por este inmueble, dispararía el presupuesto por encima de lo que el Consistorio, que en junio de 2015, en el cambio de gobierno, arrastraba una deuda de 197 millones de euros, podría permitirse.

Críticas del PP

El asunto promete caldear los ánimos entre el PP y el PSOE en los próximos meses hasta convertirse en una de las principales armas electorales en la campaña de las municipales. La secretaria general del PP en Málaga, Patricia Navarro, acusó ayer a Ortiz de «tapar las vergüenzas» de la Junta «facilitándole equipamientos culturales para evitar construir el Palacio de Justicia que esta ciudad merece». Navarro, que compareció en rueda de prensa junto a su homóloga en Torremolinos y candidata del partido a la Alcaldía, Margarita del Cid, recordó que «han pasado trece años desde que se prometió esta inversión y se cedieran los terrenos».

Del Cid advierte de que «no vamos a permitir este intercambio de cromos» y anunció que su formación volverá a llevar el asunto al Parlamento andaluz. Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede también respaldan el uso cultural del edificio de la plaza Picasso e Izquierda Unida defiende «la opción que resulte económicamente menos perjudicial» para las maltrechas arcas municipales.

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