Una jueza investiga a cinco empresarios por irregularidades en Puerto Marina

Los contratos del Puerto de Benalmádena son objeto de una investigación judicial y de una auditoría.
Los contratos del Puerto de Benalmádena son objeto de una investigación judicial y de una auditoría. / Alberto Gómez
  • Declararán junto a Salido y López Merino por posible fraude en la contratación de obras públicas por valor de casi tres millones en la anterior legislatura

El Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos ha citado a declarar como investigados a cinco empresarios por las presuntas irregularidades cometidas en Puerto Marina entre 2011 y 2015. Estos administradores comparecerán entre el 27 de junio y el 26 de julio por supuestas contrataciones fraudulentas junto al exprimer teniente de alcalde, Francisco Salido, y el exgerente del recinto portuario, José Manuel López Merino, también investigados.

La jueza indaga la posible comisión de varios delitos después de que una auditoría interna revelase que el 66,19 por ciento de los contratos del Puerto Deportivo de Benalmádena en la anterior legislatura, por valor de 2,9 millones de euros, fueron adjudicados a una serie de sociedades a nombre de cinco empresarios relacionados entre sí y vinculados de forma directa o indirecta a Unión Centro Benalmádena (UCB), la formación independiente que fue llave de gobierno en la anterior legislatura y de la que Salido y López Merino eran presidente y vicepresidente, respectivamente.

La auditoría interna de Puerto Marina, puesta en marcha hace casi dos años, aún no ha finalizado, pero el Área de Intervención del Ayuntamiento de Benalmádena redactó en junio de 2016 un demoledor informe de casi doscientas páginas ante la gravedad de los hechos detectados. El Consistorio trasladó sus conclusiones a la Fiscalía y el Juzgado de Torremolinos abrió diligencias previas. La citación de los nueve investigados del caso –a los cinco empresarios y los dos excargos públicos mencionados se suman dos antiguos asesores de UCB– se ha dilatado porque dos de los administradores presentaron un recurso finalmente desestimado.

Ingeniería societaria

El informe interno que ha desatado la instrucción judicial, al que este periódico tuvo acceso, concluye que la mayoría de empresas que recibieron adjudicaciones del Puerto en la anterior legislatura fueron creadas semanas antes de que los proyectos salieran a concurso. Pese a pertenecer al mismo administrador, estas compañías competían entre sí para dotar de «una falsa apariencia de legalidad» a los procedimientos de adjudicación, una compleja obra de ingeniería societaria que continúa siendo investigada. El Área de Intervención considera que Salido y López Merino «facilitaron las adjudicaciones y mejoraron el lucro de los contratos».

El empresario más beneficiado por esta presunta trama responde a las iniciales M. S. I. P. y pertenecía al entorno de UCB, hasta el punto de que estuvo en la sede del partido durante la jornada electoral de las municipales de 2011, cuando los independientes obtuvieron cuatro concejales. Este administrador presidía un grupo con al menos cuatro sociedades, todas a su nombre, que facturaron más de 1,4 millones de euros al Puerto, según la investigación interna. A su vez, dos empleados de este grupo, padre e hijo, aparecen como administradores de otras dos empresas que recibieron 624.368 euros. En total, las seis sociedades mencionadas, en su mayoría constituidas entre abril y agosto de 2011, semanas antes o después de los comicios, facturaron el 46,8 por ciento de los contratos adjudicados por el Puerto en la anterior legislatura, excluyendo gastos corrientes como nóminas, electricidad, suministros o seguros.

Entre las supuestas irregularidades destapadas por el informe destacan el fraccionamiento de contratos, el establecimiento de prórrogas contractuales ilegales, la solicitud de presupuestos a empresas de un mismo administrador, la elaboración de ofertas falsas de otras empresas que nunca concurrieron a los procedimientos ni fueron invitadas y la presencia de actas del consejo de administración del Puerto que no están firmadas por sus miembros, siempre según la investigación trasladada a los juzgados.

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