El Defensor del Pueblo reprueba al Ayuntamiento de Benalmádena por descuidar una torre vigía
El Consistorio no ha respondido a los escritos de este órgano, que solicita información sobre unas presuntas obras ilegales realizadas en 2012
Alberto Gómez
Jueves, 25 de agosto 2016, 00:37
El Ayuntamiento de Benalmádena continúa sin restituir la legalidad urbanística alterada en torno a la torre vigía de Torremuelle, construida en el siglo XVI y ... declarada Bien de Interés Cultural, después de que el propietario del restaurante colindante construyera una jardinera, un muro y varios bancos, además de pintar de blanco algunas piedras centenarias «para dar un aire ibicenco» al entorno. Tras años de reclamaciones administrativas, los vecinos llevaron el asunto hasta la vía judicial. El Defensor del Pueblo Andaluz, que ya reprobó al anterior equipo de Gobierno del Partido Popular por ofrecer información al respecto con cuentagotas, se muestra aún más duro con el nuevo Ejecutivo de coalición presidido por el PSOE, que no ha respondido a ninguno de sus escritos.
En una carta remitida al Consistorio, el Defensor del Pueblo recuerda que el alcalde, Víctor Navas, podría haber incurrido «en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta institución en sus investigaciones e inspecciones». Este órgano, encargado de velar por los derechos constitucionales, sostiene que, tras solicitar en varias ocasiones informes sobre el caso, se puso en contacto telefónico con Alcaldía, que en noviembre de 2015 indicó que se daría respuesta a la información demandada, algo que hasta ahora no ha ocurrido. El Defensor también recuerda que «es deber de los ayuntamientos ejercer sus competencias para la debida protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, preceptos legales que podrían estar siendo vulnerados» por el Consistorio benalmadense «ante su aparente pasividad».
Reposición del entorno
El Ayuntamiento anunció hace casi diez meses que exigiría la reposición del entorno de la torre en caso de que el propietario del restaurante no presentase las alegaciones pertinentes en un período máximo de quince días. Desde el Gobierno local aseguran que todos los expedientes abiertos «siguen adelante», aunque reconocen que los escritos del Defensor del Pueblo no han recibido respuesta y que el procedimiento no está discurriendo «con la celeridad que nos gustaría», entre otros motivos por la complejidad de las alegaciones presentadas por el dueño del local.
Los vecinos denuncian que la empresa propietaria del restaurante volvió en abril a pintar de blanco el enfoscado realizado «de forma ilegal» en la zona pública «e incluso un trozo que el Ayuntamiento había quitado a modo de prueba». El Consistorio colocó unas vallas provisionales para separar la zona pública del restaurante tras las quejas recibidas, «pero los responsables del local acaban separando las vallas para que la clientela acceda a la zona de la torre como si fuera parte de su restaurante».
La Fiscalía de Málaga abrió diligencias en mayo de 2015 para investigar las obras realizadas en esta zona protegida. Los vecinos consideran que el restaurante «ha vulnerado los valores culturales que representan esta torre vigía y su entorno» y denuncian que las obras fueron realizadas «sin licencia urbanístca» en un espacio donde está prohibida la remoción de tierras, la edificación y la urbanización.
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