La Abogacía del Estado considera «ilegales» las subvenciones para el IBI

El Gobierno central demanda al Consistorio por incluir bonificaciones no contempladas por la Ley y el Ejecutivo local arremete contra el PP

ALBERTO GÓMEZ.

::La Abogacía del Estado presentó en febrero un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Torremolinos por la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), así como una medida cautelar de suspensión de la ejecución del artículo que hace referencia a las subvenciones de esta tasa en varios supuestos. En su escrito, el abogado del Estado sostiene que estas bonificaciones no están contempladas en la normativa estatal reguladora del IBI «con la inherente lesión al principio de capacidad tributaria». La Delegación del Gobierno en Andalucía asegura que las ayudas para empadronados y pensionistas, entre otros sectores de población, «no están recogidas en la legislación, careciendo el Ayuntamiento de competencias para incluir estas subvenciones», salvo en los casos de familias numerosas y viviendas de protección oficial, bonificaciones que sí contempla la Ley.

El Gobierno socialista, que ha recurrido las medidas cautelares, aseguró ayer que la demanda «fue ordenada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, miembro destacado del PP andaluz» y acusó a los populares de «deslealtad con el municipio y de anteponer los intereses personales y de partido por encima del interés de las familias empadronadas que se benefician de la reducción en el IBI». En el comunicado, enviado desde el Ayuntamiento, el Ejecutivo que preside José Ortiz insta al PP de Torremolinos a explicar «las razones por las durante más de 12 años han aprobado subvenciones a los empadronados sin que les preocupe su supuesta ilegalidad, pero cuando pierden la Alcaldía, el Delegado del Gobierno, nombrado por el PP, da instrucciones para ir contra esas mismas ayudas».

La secretaria general del PP en Torremolinos, Margarita del Cid, convocó una rueda de prensa tras conocer el contenido del comunicado y criticó «el uso partidista que hace el PSOE de la institución». La portavoz popular asegura desconocer las razones por las que la Abogacía del Estado ha interpuesto la demanda y recuerda que su grupo municipal solicitó el 28 de junio un informe jurídico sobre este asunto, «sin que aún hayamos tenido respuesta». Del Cid insta al Gobierno local a «aclarar si las ayudas están garantizadas» y desde Economía afirman que la ordenanza, que establece una reducción del 1,16 al 0,98 por ciento en el IBI, permanece en vigor.

 

Fotos

Vídeos