La Audiencia Provincial ordena investigar los contratos adjudicados por el Puerto de Benalmádena

La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado investigar los contratos adjudicados en Puerto Marina durante la anterior legislatura. La líder de la formación local Alternativa por Benalmádena, Encarnación Cortés, denunció por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al entonces concejal de Puerto, Francisco Salido, y al gerente de esta empresa municipal, José Manuel López Merino, tras detectar la adjudicación de varios contratos a distintas empresas que tenían al mismo empresario, también denunciado y que responde a las iniciales M. S., como administrador único. El Juzgado de Instrucción de Torremolinos archivó el caso, pero la Audiencia Provincial, en un auto al que SUR tuvo acceso ayer, considera que «llama poderosamente la atención el número de contratos adjudicados a una misma persona y el importe global de los mismos, muy elevado».

Los hechos se remontan a 2011, cuando la empresa pública, por entonces bajo la gestión de Salido, líder de Unión Centro Benalmádena (UCB), partido que primero fue socio de gobierno del PSOE e IU y, meses después, tras una moción de censura, del PP, comenzó a sacar obras a concurso. La denunciante, que llegó a ser número dos de UCB, sostiene que su excompañero de formación mantenía «una relación de amistad» con M. S.: «El propio Salido me lo presentó durante la campaña electoral de 2011». Cortés asegura que hubo varios casos en que todas las empresas que presentaron presupuestos tenían a M. S. como administrador único: «La publicidad de las convocatorias era nula».

Mantenimiento

Entre los hechos denunciados destaca la contratación de arrendamiento de servicios de mantenimiento del recinto portuario por 10.525 euros al mes. Cortés sostiene que el administrador de las tres empresas que habían presentado presupuesto para optar a la adjudicación era la misma persona, M. S., y que los pagos se prolongaron hasta que fue interpuesta la demanda. El empresario, siempre según Cortés, era también administrador de todas las sociedades que optaron a llevar el mantenimiento de los jardines por un importe superior a los 9.000 euros mensuales.

La Audiencia Provincial estima el recurso de Cortés «para que se complete la investigación llevada a cabo y disipar las posibles dudas sobre la legalidad de los contratos» e insta a comisionar al grupo policial especializado en este tipo de hechos «para que determine la posible existencia de conductas con trascendencia criminal».

No es el primer frente judicial que se le abre a Salido, que permanece imputado por dos casos: una retribución mensual de 600 euros como consejero delegado del Puerto que la Fiscalía considera que podría ser ilegal y un desfase económico superior a los 250.000 euros de gastos sin justificar debidamente en el comedor social. López Merino está imputado también por estos dos casos y fue condenado por ejercer como abogado sin estar colegiado.