Puerto Marina desmantela sus terrazas para ejecutar la sentencia contra el ruido

Una de las terrazas desmanteladas esta semana en Puerto Marina./
Una de las terrazas desmanteladas esta semana en Puerto Marina.

El TSJA condenó al Ayuntamiento a indemnizar a vecinos por la contaminación acústica procedent

ALBERTO GÓMEZ

Los locales de ocio de Puerto Marina han comenzado esta semana a desmantelar sus terrazas para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dio la razón a los vecinos ante los constantes problemas de ruidos procedentes del recinto portuario desde hace años. La concejala del Puerto, Encarnación Cortés, confirmó ayer a este periódico que la medida ha tenido lugar después de que los técnicos municipales detallasen los incumplimientos de la normativa en estos establecimientos, cuyos empresarios deberán realizar los cambios oportunos antes de abrir de nuevo las terrazas: «Quien no regularice su situación no podrá tener terraza, pero el proceso está siendo ordenado».

El TSJA condenó al Ayuntamiento a indemnizar a los vecinos que denunciaron los ruidos procedentes de locales de ocio ubicados en el puerto al entender que el Consistorio había desestimado iniciar acciones contra la contaminación acústica en esta zona. La sentencia indica a la Alcaldía que efectúe el control de la insonorización acordada y el establecimiento de equipos limitadores-controladores, siempre conforme a la normativa vigente.

Los vecinos se dirigieron al Ayuntamiento para denunciar la situación y pedir que se pusieran las medidas necesarias para que los ruidos cesaran. Frente a la falta de acción institucional, los vecinos interpusieron un recurso contencioso-administrativo. Después de que el Juzgado de Málaga desestimara el recurso, los afectados presentaron un escrito de apelación que fue estimado por el TSJA, que condenó a una indemnización económica a los afectados por el ruido en la cantidad que se acredite teniendo por base el precio del mercado de alquiler de sus viviendas.

Las primeras quejas fueron interpuestas en 1998. Desde entonces, los vecinos presentaron partes médicos y bajas laborales para demostrar el padecimiento «de enfermedades crónicas sobrevenidas por años en los que ha sido imposible pegar ojo».